Piden tres años de cárcel y anular el pago de 14.000 euros para el acusado de falsificar un contrato con la Torre de La Rosaleda

Tres años de prisión, doce meses de multa con una cuota diaria de 15 euros y la anulación de una sentencia que condenaba al pago de más 10.000 euros, sin contar los intereses, por el mantenimiento de la instalación de protección contra incendios del primer rascacielos de Ponferrada, la Torre de La Rosaleda. Es lo que pide la Fiscalía de Área para el administrador de una empresa de sistemas de seguridad contra incendios acusado de falsificar la firma de la representante de la comunidad de vecinos del emblemático edificio para cobrar  facturas por valor de 10.732 euros por sus servicios. El juicio penal , tras la denuncia de la comunidad de propietarios por supuesta falsificación documental, tendrá lugar el 10 de junio en la Audiencia Provincial de León.

El acusado de imitar la firma de la responsable de la comunidad había logrado que un juzgado condenara en 2021 a la entidad de vecinos al pago de las cantidades que reclamaba y que sumados los intereses, rondarían ahora mismo los 14.000 euros. Pero la comunidad ya argumentó entonces que la firma del contrato que esgrimía el administrador de la empresa de servicios era falsa. 

Después de la denuncia penal interpuesta por los vecinos, la Fiscalía de Área de Ponferrada ha constatado "tras la práctica de una prueba pericial pertinente", que "el acusado, de una forma directa o a través de terceras personas de su empresa imitó la firma" de la presidenta de la comunidad" en un contrato que presentó como prueba ante el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número seis de Ponferrada para obtener el abono de las cantidades que le adeudaban. La  Fiscalía pide, en consecuencia, que se declare nula la sentencia del 23 de febrero de 2021 que condenaba a al comunidad a pagar 10.732 euros a la empresa de servicios. Además, reclama tres años de prisión para el acusado y el pago de la multa de 12 meses, además de que asuma gastos y costas judiciales.

El acusado aún no ha cobrado las cantidades que reclamaba y ha interpuesto una demanda de ejecución de la sentencia de 2021 contra la comunidad de propietarios para que se le abonen esos 10.732 euros más 3.219 euros por los intereses. La comunidad ha comunicado al juzgado correspondiente que ha interpuesto a su vez la denuncia penal para justificar que no haya ejecutado la sentencia.