Denuncian en la Autoridad de Protección del Informante a Ciuden y a toda su cúpula
Afecta a un subsecretario de Estado por vulnerar garantías del que denuncia corrupción
-Nervios en Ciuden al negar que existan ilegalidades en pagos de contratos menores
En el TSJ podría emitirse hoy jueves el fallo sobre el despido del ex directivo de Ciuden en Ponferrada que denunció el caso.
El caso Ciuden de Ponferrada, además de encontrarse en vía de investigación en los Juzgados de Ponferrada y en el TSJ, ayer miércoles tomó también otro camino de denuncia. Según pudo confirmar este periódico y con documentos en la mano, el ex alto directivo que denunció por vía social su despido y por vía penal presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos menores millonarios (más de 2 millones de euros) en la Fundación dependiente de la Administración central que preside Pedro Sánchez, ahora elevó otra denuncia ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI), organismo independiente de ámbito estatal, creada por la ley 2/2023 y que se empezó ya a funcionar en ocubre pasado.
Concretamente la denuncia, fundamentada en forma jurídica con legislación muy detallada a lo largo de 22 folios, se solicita la apertura del expediente sancionador para Yasodhara López García en su condición de Directora General de Ciuden; a Carmen Vega Abanzas, en su condición de jefa de Recursos Humanos y Responsable del Canal Interno de Denuncias de Ciuden. También contra Miguel González Suela, en su condición de Subsecretario del Ministerio para la Transición Ecológica. Igualmente, se denuncia a Javier María Pérez Medina en su condición de Subdirector General de Inspección de Servicios y RRHH del Ministerio para la Transición Ecológica. Y, adicionalmente, se solicita la apertura del expediente sancionador respecto a los miembros del Comité de Empresa de Ciuden en Ponferrada que hayan participado en la difusión de informaciones o comunicados que presuntamente vulneren el artículo 33 de la Ley 2/2023, que establece la obligación de preservar la identidad del informante.
Como es sabido, y ayer este periodista fue testigo de ello, en la rueda de prensa «Off the record» dada por miembros de Ciuden, se llegó a citar nombre y apellidos del denunciante que elevó su caso a la Justicia y ante el organismo que debía proteger sus datos.
La denuncia está destinada a que se le impongan sanciones por vulneración de garantías de protección del informante, por no evitar la imposición de represalias o mover los hilos para implementar precisamente represalias contra el directivo despedido que argumentó su intención de poner orden en la entidad. Los destinatarios de la demanda de este ex asesor jurídico de Ciuden son de dos tipos, personas físicas o entidades como el Ministerio de Transición Ecológica y la Fundación Ciudad de la Energía.
Además, en la denuncia se solicita a la AIPI que también imponga sanciones a todas aquellas personas de estos organismos que a título individual o como representantes de organismos colegiados hayan cometido cualquier acto de vulneración de los derechos y garantías que otorga la Ley del Informante.
En esta denuncia, la cuantía máxima para las entidades de las sanciones que se piden —para la Fundación Ciuden- es de 1 millón de euros y la cuantía máxima para las personas que finalmente puedan ser condenadas es de 300.000 euros por cabeza. Además, se pide que se establezcan auditorías y sugerencias para los procedimientos y funcionamiento de la protección del informante del Ministerio como de Ciuden. En la denuncia se detalla de forma cronológica las diferentes denuncias interpuestas por el ex directivo y cómo ha actuado el Ministerio y Ciuden, presuntamente vulnerando ssus derechos. «Se demuestra con trazabilidad absoluta lo que han actuado y lo que no», indica el denunciante con cientos de documentos.