Ponferrada recauda este año casi un millón más en concepto de IBI

El Ayuntamiento de Ponferrada pone mañana al cobro, y hasta el próximo dos de diciembre, el impuesto de bienes inmuebles. Las arcas municipales ingresarán en esta ocasión 7.545.171,33 euros, casi un millón de euros más que en el ejercicio anterior, año en el que se recaudó a través del catastro 6.807.512,18 euros. El concejal de Hacienda, Luis Antonio Moreno, explica que la causa de este aumento hay que buscarla en el incremento en el número de contribuyentes -a causa del aumento del número de viviendas que cada año registra la capital del Bierzo- y a la optimización de la gestión de los impuestos y tasas que se ha venido produciendo desde el año pasado, cuando el Ayuntamiento se hizo cargo de la recaudación municipal. El recibo medio del catastro en la ciudad asciende a 153.45 euros desde que el índice aplicable al IBI se situó en el 0,78%. Además, los valores catastrales no se han modificado desde 1999. El número de recibos ha pasado de 46.964 que se ponían al cobro en el 2002 hasta los 49.171 de este ejercicio. Asimismo, hay que tener en cuenta que en esta ocasión, el Ayuntamiento aplica la ley de Haciendas Locales en lo referente al IBI a las eléctricas, que en toda la comarca del Bierzo supone un aumento de ingresos que ronda el millón de euros. Por otro lado, la Junta de Castilla y León ha adelantado que en breve aprobará un plan en virtud del cual espera incrementar el número de viviendas en alquiler en la comunidad. La empresa que se encargará de hacer de intermediaria entre los posibles inquilinos y los arrendadores es Gical, responsable de las infraestructuras regionales y artífice de la construcción de la autovía León-Burgos. Una vez desechado el proyecto por el que se planeaba incrementar el índice aplicable a las viviendas vacías hasta el 1,65%, ésta podría ser una buena manera de lograr que el alquiler de una vivienda beneficiara a ambas partes. En Ponferrada existen alrededor de 26.000 viviendas, y el 15% podría estar sin habitar. De esta manera, se ofrecerá a los propietarios de las viviendas desocupadas la posibilidad de ponerlas en el mercado sin las dificultades a los que éstos se ven obligados a afrontar, tales como impagos o destrozos. Los dueños les cederían sus pisos a la Junta para su alquiler, que los arrendaría por un periodo máximo de cinco años. Además, la empresa pública sería la encargada de abonar a los propietarios la cantidad estipulada en el contrato de alquiler y de llevar a cabo en el piso las reformas necesarias para sacar al mercado una vivienda en condiciones dignas. De esta manera se garantiza el cobro de las mensualidades a los propietarios. Gical se encargará también de tramitar todos los permisos obligatorios para posibles arreglos de adecuación de la vivienda, incluso de las subvenciones a las que pudieran acogerse las obras. El pago de los honorarios de pintores, albañiles, fontaneros o demás personal necesario para los arreglos será negociado con los propietarios.