La anterior concesionaria de ayuda a domicilio y Clece también tendrán que abonar los atrasos
El juez condena al Ayuntamiento a pagar la deuda a las empleadas de Aurima
Reiner Cortés afirma que la comisión de gobierno decidirá hoy si interpone recurso a la sentencia

Las trabajadoras de Aurima se han venido manifestando desde el pasado mes de mayo
El Juzgado número uno de lo Social de Ponferrada ha dictado las seis primeras sentencias de las denuncias presentadas por las trabajadoras de la antigua adjudicataria de ayuda a domicilio Aurima del Ayuntamiento de Ponferrada. En ellas, se condena al Consistorio, a la actual adjudicataria Clece y a Aurima a pagar de manera íntegra la deuda pendiente con las empleadas. El magistrado entiende que el Ayuntamiento tiene parte de culpa en los impagos sufridos por las trabajadoras, así como la empresa Clece. El concejal de Acción Social, Reiner Cortés, manifestó que hoy mismo termina el plazo para presentar el recurso a la sentencia y que será en la comisión de gobierno que hoy se celebra cuando se decida si el Consistorio decide finalmente apelar la decisión judicial. No obstante, el Ayuntamiento nunca ha reconocido su responsabilidad subsidiaria en este caso. La sentencia condena a las tres partes a abonar los atrasos, el kilometraje y las vacaciones de las 52 empleadas municipales, una deuda que asciende a 130.000 euros. La representante de las trabajadoras, Isabel Céspedes, mostraba ayer su satisfacción ante esta decisión y se congratulaba de que el magistrado hubiera sentenciado que la deuda debía abonarse por parte de las tres partes implicadas. «El Ayuntamiento tiene parte de culpa por no haber estado al tanto, mientras que Clece sabía dónde se metía», declaraba. Aún quedan diez juicios pendientes que se celebrarán a finales de este mes. Cambio de nombre de Aurima Como se recordará, a mediados del mes de agosto, las afectadas denunciaron que Aurima había cambiado su nombre pasando a denominarse SAD «Servicio de Atencion Domiciliaria» con la finalidad de evitar el pago de los salarios que adeuda a 52 trabajadoras del servicio y que asciende a 130.000 euros. Las empleadas explicaron entonces que este cambio de nombre demostraba que se estaba obrando de mala fe. Isabel Céspedes afirmaba además que la empresa estaba aprovechando la base de datos del Ayuntamiento con el objetivo de realizar un mailing entre los usuarios del servicio en una practica que tachaba de desleal. «El dinero que que nos adeuda lo utiliza para la realizacion de los folletos que envía a los domicilios de los beneficiarios del servicio, sin concretar además que la ayuda que presta no es gratuita», denunciaba. Además, aseguraban que al servirse de esta base de datos podía estar cometiendo una ilegalidad. Por su parte, Celia González, responsable de SAD, rechazaba hacer declaraciones acerca de la deuda que Aurima mantiene con sus antiguas trabajadoras y afirmaba que la antigua empresa se ha disuelto, SAD es una nueva sociedad y tiene todo el derecho a continuar trabajando de manera autónoma.