Las víctimas del caso del gas urgen los pagos a las entidades aseguradoras

Los damnificados por la explosión de gas -producida el 20 de diciembre del 2000 en el inmueble 185 de la avenida del Castillo en Ponferrada- reclamaron a las aseguradoras, un día después de conocer la sentencia, que cumplieran con la responsabilidad civil directa y solidaria por la que habían sido condenados y que por tanto no retrasasen innecesariamente el pago de las deudas contraídas con los vecinos del inmueble destruido. «Después de tres años y con una sentencia condenatoria en la mano creemos que ya va siendo hora de que las compañías condenadas o sus aseguradoras se pongan en contacto con nosotros y que se nos indemnice de una vez», concretó Pedro Fernández, propietario del inmueble y víctima de la explosión. Los afectados por la explosión también pidieron a las aseguradoras que no inicien una cadena de recursos de apelación con el pretexto de posponer los pagos. Además, los damnificados recuerdan que las apelaciones no tienen base sobre la que sustentarse puesto que las indemnizaciones que ha dictado el magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Ponferrada, Oscar Hernáiz, han sido rebajadas a casi la mitad de lo que inicialmente había sido demando por la acusación. La advertencia Además, los afectados también «amenazaron» a las compañías diciendo que si éstas no se ponen en contacto con ellos para indemnizarles sacarán a la luz pública el nombre de aquellas aseguradoras que no han cumplido con sus clientes y que sin embargo han optado por dilatar los pagos. Esta iniciativa, servirá también, a juicio de los afectados, para que los ciudadanos sepan en manos de que empresas han dejado sus propiedades. «Cómo no nos indemnicen daremos a conocer el nombre de las compañías que han cumplido con sus clientes desde el principio y el de aquellas que no han pagado. Con esta iniciativa pretendemos que las personas conozcan en qué firmas pueden confiar. Es decir, que sepan con quien se juegan su tranquilidad», continuó Fernández. No obstante, las partes tienen ahora hasta el día ocho de marzo para presentar los recursos de apelación ante la Audiencia Provincial de León.