Visto para sentencia el juicio por tráfico de drogas en Ponferrada

El juicio por delitos contra la salud pública en el que estaban procesados seis personas, dos de ellos policías, quedó visto ayer tarde para sentencia, luego de desarrollarse a lo largo de las últimas cuatro jornadas. Antes de acometer los informes finales, el fiscal informó al tribunal de distintas modificaciones sobre las calificaciones finales. En las previas, el ministerio fiscal pidió penas que sumaban 55 años y cuatro meses de cárcel para seis personas, dos de ellas policías, acusados de presunta venta de sustancias prohibidas en Ponferrada, cocaína, heroína y speed, con el consentimiento de los agentes imputados por delitos de omisión en el deber de perseguir hechos delictivos. Se relató en las informaciones previas al juicio que los policías que se sentaron ante el tribunal de la Audiencia de León que juzgó el caso hacían la vista gorda ante estas actividades a cambio de informaciones confidenciales para perseguir actuaciones de tráfico de drogas a mayor escala. La vista oral se desarrolló en unos límites temporales inusuales en estos procesos judiciales, debido a la amplitud de las pruebas testificales y periciales que se aportaron por una y otra parte, acusación y defensa, en el juicio. Una treintena de testigos y peritos acudieron a prestar declaración a la sala de vistas desde el pasado martes. Incluso, una de las pruebas periciales se aportó a través de videoconferencia, un sistema utilizado en repetidas ocasiones como alternativa a la declaración presencial. Los hechos juzgados y vistos para sentencia se remiten, tal y como describió el fiscal a lo largo de sus informes previos, a los meses de abril y mayo de 1997, cuando uno de los procesados, M. J. D. T. alquiló una vivienda en la capital berciana y junto al que pudo ser su principal colaborador, A. G. F., ambos con antecedentes penales, establecieron un método de distribución de sustancias estupefacientes. El método, relatado por la fiscalía, consistía en la recepción de pedidos a través de teléfonos móviles de los eran receptores los dos acusados, principalmente, aunque también, en algunas ocasiones, ejercía ese cometido R. L. R., también con antecedentes penales y hermano de la novia del primero de los individuos citados en el proceso, uno de sus hermanos menor de edad y P. M. A. , otro de los procesados que también contaba en esa fecha con antecedentes penales. Para obtener la droga, M. T. G. se puso en contacto con una tercera persona con la que acordó la compra de un kilogramo de heroína, para lo que se trasladó a la capital de España el ahora procesado A. G. F., que fue interceptado por miembros de un equipo de estupefacientes de las fuerzas policiales en el peaje de la A-6, en la localidad de Adanero. La petición inicial de penas para los acusados osciló entre los trece años para M. J. T. y A. G. F. y la inhabilitación especial para empleo público para los dos agentes de policía juzgados en el proceso, pendiente ahora de que se dicte sentencia.