La Junta reclamará por la vía civil 260.000 euros por daños y gastos a la aseguradora del Ayuntamiento
Condenado a seis meses de prisión por un incendio que quemó 223 hectáreas
El acusado limpiaba cunetas por encargo municipal y cometió una imprudencia al emplear fuego
El juzgado de lo Penal de Ponferrada condenó ayer a seis meses de prisión y a una multa de seis meses a razón de tres euros diarios al vecino de San Pedro de Trones, Miguel Ángel V.G, como autor de un delito de incendio forestal por imprudencia grave. La sentencia de conformidad con la defensa, que todavía no es firme, pone de manifiesto que el acusado, trabajador eventual del Ayuntamiento de Puente Domingo Flórez en el verano del 2000, actuó de forma imprudente al usar fuego para limpiar las cuentas de un camino. Las llamas se propagaron con rapidez debido a la sequedad del terreno, la climatología y la maleza de la zona y acabaron quemando una superficie de 223 hectáreas, incluyendo medio centenar de castaños centenarios. El fuego se propagó por terrenos de las pedanías de San Pedro de Trones, Vega de Yeres y Robledo de Sobrecastro. El fallo se limita a juzgar la responsabilidad penal del acusado por acuerdo expreso de las partes y será un procedimiento civil el que determine ahora la petición de 260.000 euros que la Junta de Castilla y León reclama en concepto de daños y perjuicios y gastos de extinción. La insolvencia de Miguel Ángel V.G. obligará a la compañía La Estrella, que aseguraba al personal municipal de Puente Domingo Flórez, a hacer frente a la demanda. Precisamente, la posibilidad de que la letrada de la aseguradora recurra la sentencia dentro del plazo legal hace que el fallo emitido ayer no sea firme, a pesar de la conformidad alcanzada entre la defensa, la fiscalía, la acusación particular que representa la Junta y la popular que ejercer la Asociación de Profesionales Forestales (Profor-Forescal) para imponer a acusado la mínima pena que marca el Código Penal para un delito de incendio por imprudencia grave. Rebaja de penas El fiscal, que había solicitado una pena de 10 meses de prisión y una multa de 10 meses a razón de seis euros por día, modificó sus peticiones para propiciar un acuerdo con la defensa. Miguel Ángel V.G, que en un principio había defendido su inocencia, admitió durante el juicio su responsabilidad en los hechos. La sentencia también establece una pena de un día de privación de libertad por cada dos cuotas de multa impagadas y la inhabilitación especial para ejercer el sufragio pasivo durante los seis meses de condena.