En los hechos, ocurridos el 29 de octubre, se produjeron también golpes, empujones e insultos
Cinco neonazis, tres de ellos menores, serán juzgados por presunta retención
El PCE, al que está afiliado el agredido, considera el hecho como «ataque racista e injustificado»

Cinco ponferradinos, todos ellos vinculados presuntamente a grupos neonazis, serán juzgados mañana lunes por la presunta retención ilegal de un vecino, militante precisamente del PCE en el Bierzo. El agredido, propietario de un establecimiento de copas, denunció los hechos a la policía acusando a todos ellos no sólo de retención ilegal sino de haber recibido golpes, empujones e insultos. Tras su posterior denuncia los cinco presuntos radicales, tres de ellos menores de edad, fueron detenidos por efectivos del Cuerpo Nacional de la Policía. Según el informe realizado en los hechos ocurridos además de las presuntas agresiones al citado militante del PCE, Aniceto Reyes, se produjeron daños materiales en mobiliario urbano así como en una de las lunas del establecimiento que regenta el denunciante. Para el Partido Comunista de España, a través de su secretario provincial, «este hecho ocurrido contra nuestro compañero por parte de estos cinco descerebrados tiene como respuesta nuestra más enérgica repulsa ante una agresión fascista y la exigencia de que estos descerebrados sean juzgados y condenados de forma ejemplar». A la salida de su local Según el propio partido en León, los hechos ocurrieron presuntamente cuando el agredido salía del local una vez cerrado y «estas personas, si así se les puede calificar, se avalanzaron sobre él reteniéndole por espacio de más de dos horas hasta que pudo escaparse y llegar a su casa para que un vecino le abriera la puerta y verse liberado así de estos descerebrados». A este respecto el PCE cree que «hechos de esta índole, bien sean contra un afiliado nuestro como de cualquier otra persona son deleznables y no debieran quedar impunes por lo que un castigo ejemplar debería servir para que quedaran erradicados de nuestra sociedad de una manera definitiva», aseveró un portavoz del Partido Comunista. El proceso comenzará mañana lunes en el Juzgado de Ponferrada. El sindicato CC.OO., a través de sus responsables provincial y comarcal en el sector de servicios privados, Elena Peral y Mercedes Fernández, acusó ayer al presidente del comité de empresa de FCC Medioambiente en Ponferrada, Jesús Gómez López, de ejercer como «portavoz de la empresa y del Ayuntamiento» en lugar de «defender los derechos de los trabajadores que le han elegido». Estas aseveraciones son respuesta a las declaraciones que Gómez López efectuó el jueves en la festividad del patrón de la limpieza, san Martín de Porres en las que según el sindicato, «se dedicó a descalificar a un trabajador despedido de manera improcedente a través de un montaje». Para Elena Peral, responsable provincial del sector de servicios privados, «creemos que sus palabras fueron realizadas a título personal y no de la empresa FCC ni del Ayuntamiento, ni menos reflejan el sentir de los trabajadores. Además, creemos que FFC Medioambiente con la que tenemos una buena relación, no las comparte». Para CC.OO., «da la impresión que este señor ejerce de jefe de recursos humanos y no de lo que es, el representante de los trabajadores a los que dejó una velada amenaza de que aprendan del citado despido y tomen nota sino quieren ser los siguientes». Elena Peral fue más tajante a la hora de valorar el citado despido «cuya sentencia de improcedente está recurrida en el Tribunal Supremo. Fue un despropósito y así lo reflejó la sentencia. Además, ahora tendrán que indemnizarlo con dinero público, es decir, el de todos los ponferradinos. Y si a esto unimos las declaraciones del señor Gómez López es para echarse las manos a la cabeza». Los cinco presuntos autores de la agresión al ponferradino militante del PCE pasarán hoy por los juzgados en los que deberán responder a las acusaciones por retención ilegal y agresiones. La vista dará comienzo a las 13.00 horas y en ella estarán presentes todas las partes implicadas, tanto los denunciados como el denunciante. Desde el PCE se tiene confianza en que «el castigo sea ejemplar ya que hechos como este no deben producirse». Será el juez competente el que determine si son considerados cumplables o inocentes según los testimonios que escuche de cada una de las partes implicadas así como del informe elaborado por la policía nacional que intervino en la detención de los cinco presuntos neonazis, todos ellos ponferradinos, siendo tres menores de edad.