Una solución para el rapaz

Hay tensión sobre ruedas. El colectivo de taxistas de Ponferrada sigue en pie de guerra tras su ultimátum: o el autobús nocturno que circula los fines de semana entre la ciudad y la zona de copas cobra el trayecto o denunciarán a los promotores, y a la Junta y al Ayuntamiento por consentir un servicio, en su opinión, ilegal a todas luces. Pero la ofensiva de los taxistas contra el búho no es nueva. La experiencia de León capital es un precedente cercano y establece muchos paralelismos con el caso de Ponferrada, aunque con matices. En este caso, la negociación que se llevó a cabo fue dura, aunque todos cedieron y lograron poner en marcha el servicio. La primera madrugada de diciembre del 2001, cinco ayuntamientos del entorno de León decidieron activar un autobús nocturno para que sus jóvenes no se vieran en la obligación de coger el coche tras una madrugada de copas. Lo hicieron sin consultar al colectivo de taxistas, el más perjudicado -en ese momento se encontraba en un difícil proceso de reestructuración de licencias-. Ante esa actitud que entendieron como un despropósito, los taxistas salieron a la calle dos madrugadas consecutivas para protestar contra el búho . Durante sus concentraciones fueron apadreadas las lunas de los autobuses, que en todos los casos llevaban viajeros y, muchos de ellos, de edad avanzada. Uno de los piquetes, el más numeroso, se arremolinó en el centro de la capital y envolvió a uno de los autobuses, zarandeándolo hasta que el conductor hizo una maniobra que entendieron como un intento de atropello. Su respuesta fue una agresión al conductor y a los vehículos de Alsa, adjudicataria del contrato. Con escolta policial Al final de esa madrugada, taxistas y responsables de Alsa, escoltados por la policía, acabaron en la comisaría denunciándose unos a otros por los altercados. Los alcaldes no se quedaron parados el día después. Solicitaron la intervención de los antidisturbios, mientras que los taxistas anunciaban una huelga indefinida y las asociaciones de consumidores apoyaban los derechos de los viajeros. En este clima, Alsa decidió aplazar la reanudación del servicio hasta que no se garantizasen garantías de seguridad para los usuarios y los conductores. Pese a la carga económica que les iba a suponer, los taxistas mantuvieron la huelga y sólo respondieron con los servicios mínimos. Una ciudad sin taxis obligó al Ayuntamiento de León a mediar en el conflicto, aunque de una manera un tanto desafortunada. La comisión de gobierno solicitó a la Junta que prohibiera el búho para evitar la distorsión social del conflicto, gesto que no gustó nada a los municipios del entorno, que lo interpretaron como un pulso a los 40.000 usuarios potenciales. Una semana después, cuando parecía no haber tregua, los promotores del servicio -bueno y necesario- acordaron realizar las primeras cesiones ante los taxistas. Les convocaron a una reunión, en la que involucraron al Ayuntamiento de León y a Alsa. Ese encuentro fue definitivo: los ayuntamientos decidieron reducir el horario hasta las cuatro de la madrugada -inicialmente estaba previsto para las siete- y, como contrapartida, los taxistas establecieron unas tarifas planas para cada uno de los pueblos y sólo para los fines de semana. De este modo, a los taxistas les quedaba un amplio margen de negocio a partir de las cuatro de la madrugada y los usuarios del taxi no tendrían que pagar tarifas excesivas por ser trasladados hasta sus municipios. Tan fácil como eso. El primer mes de funcionamiento, 164 jóvenes viajaron cada fin de semana en el búho. Al año siguiente eran un 15% más. Hoy, el servicio está normalizado.