El juzgado congela las indemizaciones por el derrumbe mortal del San Remo

El derrumbe en 1986 del número 3 de Fueros de León, que costó la vida a dos personas y afectó al conocido inmueble del edificio San Remo en Ponferrada, sigue coleando a punto de cumplirse los 19 años del suceso. Los afectados, que el año pasado recibieron la última sentencia del Tribunal Supremo -contra la que no cabe recurso-, siguen esperando que el Juzgado de primera instancia número 2 de Ponferrada de luz verde a más de la mitad del importe de las indemnizaciones. Tras el fallo del alto tribunal, la mayoría de los condenados por el caso -salvo el contratista Félix Gómez- depositaron en una entidad bancaria la cuantía principal de las compensaciones y también los correspondientes intereses. Hasta el momento, sin embargo, los únicos mandamientos de devolución que ha emitido el número 2 se circunscriben a la liberación de algo más de 100.000 euros. El banco mantiene retenidos alrededor de otros 130.000 euros, sin incluir los 53.000 que en total debe ingresar el contratista condenado. La familia del principal condenado, Miguel Daga Martínez, por ejemplo ya ha depositado en el Banesto todo el importe de las indemnizaciones, más de 125.000 euros. Los afectados por el derrumbe de San Remo, el 1 de junio de 1986, no son capaces después de tanto tiempo de entender cómo estando la mayoría del dinero disponible en la cuenta bancaria, las autoridades judiciales no emiten el mandamiento de devolución para poder cobrar de una vez por todas. La interinidad judicial, la clave En este punto, sin embargo, el gran problema para los damnificados puede estar relacionado con la caótica interinidad en la que vive sumergida el Palacio de Justicia de Ponferrada. De hechos, en los últimos meses, por la sala número dos han pasado ya dos jueces, y según algunas fuentes consultadas tal vez los eventuales titulares del juzgado ni siquiera hayan podido estudiar este asunto. Con todo, los perjudicados por este nuevo retraso en la solución definitiva del caso, miran con un tanto de envidia y también con perspectiva ejemplar, la acción de los tribunales en el caso de la explosión de gas de la avenida del Castillo, donde los daños materiales fueron elevados, pero no se perdieron vidas humanas. En el mencionado siniestro, que tuvo lugar el 20 de diciembre del 2000, tras la sentencia confirmatoria de la Audiencia Provincia de León de febrero de este mismo años, el juzgado de primera instancia número tres sólo tardó un mes en emitir los mandamientos necesarios para que el banco abonara a las víctimas sus respectivas compensaciones. De la casi decena de damnificados por el derrumbe del San Remo, sólo cuatro han percibido por ahora algún tipo de cantidades. El resto, está pendiente del supuesto atasco en el número 2,. Tanto la familia Daga, que era propietaria del número 3 de Fueros de León, como el aparejador Luis Brañas y el arquitecto Andrés Lozano, han ingresado las cantidades ratificadas por el Supremo. Sólo el contratista Félix Gómez, según los afectados, sigue sin hacer efectiva la compensación de 53.000 euros.