El PSOE realza la ilegalidad en La Rosaleda y el PP fija dos soluciones

La corporación municipal de Ponferrada, los gobernantes del PP y la oposición socialista, emplearon ayer casi cuatro horas de pleno monográfico para debatir la sentencia del TSJ que cuestiona la baja reserva de más suelo público de equipamiento y zonas verdes en relación con las casi 5.000 viviendas permitidas en el barrio de La Rosaleda. El PSOE, con Ricardo González Saavedra de portavoz, incidió una y otra vez en que se ha cometido una ilegalidad que ratifica la Justicia, ya que el alcalde y su grupo ha «hurtado» 24.000 metros cuadrados que debían ser para disfrute público, y en su lugar, se ha aumentado la edificabilidad con el consiguiente beneficio privado. Desde el PP, destacaron que ellos no han cometido irregularidad alguna y que toda la gestión urbanística ha pasado los filtros pertinentes, sin que el PSOE presentase alegación alguna, y sin que incluso la Comisión Regional de Urbanismo pusiera reparo, ya que fue aprobado por unanimidad. En esa comisión hay políticos del PSOE, como el alcalde Cuéllar, arquitectos, la Administración del Estado, empresarios, entidades agrarias y cámaras de comercio. El concejal de Urbanismo y el alcalde coincidieron en que, en efecto, se retiraron 24.000 metros de dotación pública, pero destacó que la ciudad, con el PP, ha generado más de 402.514 metros cuadrados de equipamiento público. Juan Elicio Fierro y Carlos López Riesco dijeron que en La Rosaleda no habría pasado nada ahora con la sentencia del TSJ si hubieran incluido la modificación del sector urbanístico de La Rosaleda con la del Campus del Bierzo, donde van 200.000 metros. Como se tramitó por separado, de ahí la interpretación de la Justicia sobre la merma de suelo público en La Rosaldea. El PP, tras admitir el error, anunció que hay dos soluciones, entre otras muchas. Una es la de presentar recurso de casación, que vino avalado por el asesor jurídico municipal, y otra es utilizar la próxima revisión del plan de urbanismo e incluir los metros cuadrados que ahora pone en cuestión y reclama el tribunal en dicha modificación. El alcalde quiso dejar bien claro que esto no es grave como el PSOE quiere representar y les recordó a los socialistas que, gobernando ellos, y con una sentencia del Supremo que proponía derribar torres de Marpa, al final se solucionó con la revisión del PGOU de 1989. El PP cuenta con los metros cuadrados destinados a dotaciones públicas en la montaña de carbón y resalta que los beneficios de La Rosaleda se reinvierten en la ciudadanía. Desde el PSOE se acusó al PP de ser más empresarios que concejales. Por eso, Saavedra volvió a pedir al alcalde que dimita. El socialista llegó a acusar al equipo gobernante de «ser el látigo» de todos los que no se han mostrado «sumisos» al PP, como industriales, asociaciones y hosteleros, e incluso dijo que hubo quien tuvo que dejar la ciudad. Saavedra propuso crear una mesa para dar solución y el alcalde le dijo que sólo buscan frenar todo por interés electoral.