Las 1.200 alegaciones demuestran que el planeamiento se hacía «a espaldas de los ciudadanos»
El PSOE pide un PGOU de consenso y llama al alcalde a abrir un diálogo
«Tenemos una nueva oportunidad para mejorar un plan que era malo», asegura el portavoz socialista
El portavoz municipal del PSOE en Ponferrada, Ricardo González Saavedra, instó ayer al equipo de gobierno del PP a abrir un diálogo con la oposición y los colectivos vecinales que han presentado alegaciones al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para elaborar un planeamiento de consenso. Saavedra entiende que el elevado número de alegaciones -más de 1.200, a la espera de contabilizar las recibidas por correo- demuestran que el planteamiento que proponía el equipo de gobierno se estaba realizando «a espaldas de los ciudadanos». El portavoz socialista considera que la decisión de los populares de «modificar sustancialmente» el planteamiento para recoger parte de las alegaciones y abrir un nuevo periodo de información pública para someter el proyecto a una nueva aprobación inicial por parte del pleno ponen a Ponferrada ante «una nueva oportunidad de mejorar un plan que era malo». Saavedra espera que tras el primer periodo de alegaciones «el equipo de gobierno haya comprendido que no se puede gobernar en contra de la gente», y tendió la mano al alcalde para ofrecerle «un diálogo sincero» que permita consensuar el planeamiento con todos los colectivos que han aportado sus propuestas, aseguró ayer, dos días después de que ambos protagonizaran un nuevo desencuentro durante la última sesión plenaria. El portavoz municipal socialista tiene previsto reunirse hoy con su grupo de concejales y con la dirección local del PSOE para concretar la oferta de diálogo lanzada ayer al alcalde. También a partir de hoy, comenzará a contabilizarse el número de alegaciones recibidas por correo hasta el pasado sábado, fecha límite del primer periodo de alegaciones. Ricardo González Saavedra insistió en que el mérito de la «nueva oportunidad» de cambiar el planeamiento, ha sido de todos los ciudadanos que, bien individualmente, o bien integrados en grupos, han presentado alegaciones en los dos meses del periodo de información pública.