El abogado del colectivo cree que el caso «podría tener en ocasiones algo que ver con el racismo»
Los caboverdianos inician un encierro por el precinto de su sede de Ponferrada
La asociación cultural solicita ayuda para resolver los problemas con la licencia municipal I
Un grupo de siete integrantes de la Asociación de Cabo Verde de Ponferrada han decidido iniciar un encierro rotatorio en el interior de la sede que tienen en la calle San Genadio número 8. El motivo no es otro que el intentar con esta medida de presión solucionar de una vez por todas los problemas de la licencia de apertura que tienen pendientes con el Ayuntamiento. Hace unos días, la asociación recibió una notificación de un decreto municipal por que el se dicta el cierre de la sede social de los caboverdianos durante seis meses. También han sido multados con 6.000 euros. Ayer, el abogado de la asociación, Ramiro Pacios, aseguró que se sienten «impotentes» ante las presiones municipales, al tiempo que indicaban que van a recurrir y acudir al contencioso por la última sanción correspondiente a la fiesta celebrada en Nochevieja. Esta fiesta la hacían a título particular, sin vender entradas. «Parece ser que son los únicos que hacen fiesta esa noche», ironizaba el abogado. Aseguran que también les han acusado de hacer fiestas, tocar la guitarra o las maracas en el centro, e incluso una comunión o generar malos olores, ya que por ruido no les pueden multar porque han insonorizado el local y las mediciones han estado dentro de lo normal. El presidente de todas las Comunidades Caboverdianas de España, Elicio Pinto, quiso dejar bien claro que no quieren enfrentamiento con nadie y que lo único que solicitan es que les respeten. Quiso agradecer a los bercianos su acogida y destacó que en ningún otro municipio de España han tenido problemas con el Ayuntamiento. Sólo en Ponferrada. «Hacemos ruido porque nosotros somos así, pero no ofendemos a nadie, queremos que respeten nuestra cultura», indica Pinto. El presidente de la asociación de Ponferrada, Francisco Barbosa, fue tajante al anunciar el encierro indefinido: «De aquí no saldremos hasta que nos digan qué es lo que hay que cumplir; si es horario, si es ruidos. Todo lo haremos, pero no nos dan una solución». Aseguran que habían llegado a un acuerdo en presidencia del cónsul con el alcalde de Ponferrada pero que todo se ha quedado en papel mojado. Por ejemplo, el equipo de sonido lleva dos años precintado, según se quejan. «Ya no queremos pensar que existe en este asunto racismo, pero a veces creemos que, en efecto, sí existe», dijo su abogado. La asociación tiene pendiente en la Audiencia una denuncia contra los vecinos por entender que están poco menos que «perseguidos» por su actividad lúdica.