La investigación se centrará en las licencias otorgadas tras la sentencia
El PSOE pide al Procurador que vigile la edificación de La Rosaleda
Ángela Marqués advierte que las órdenes de demolición podrían llegar a Ponferrada
El PSOE en el Ayuntamiento de Ponferrada denunció ayer ante el Procurador del Común el «caso omiso» que el alcalde de la capital berciana, Carlos López Riesco, ha hecho de la sentencia judicial que anulaba el desarrollo urbanístico de La Rosaleda y que fue dada a conocer el 17 de noviembre de 2005. La concejal socialista, Ángela Marqués, acusó a López Riesco de ignorar «deliberadamente» el informe que advertía sobre la necesidad de hacer una reserva de suelo en La Rosaleda para garantizar el cumplimiento del fallo judicial y los recursos presentados contra las licencias otorgadas con posterioridad a esa fecha. Asimismo, creen que el regidor ponferradino está retando a los tribunales a través de medidas y actuaciones «que solo desde la impunidad podrían entenderse» y, en ese sentido, advirtió que la Justicia española está modificando su doctrina «harta ya de que por la vía de los hechos consumados desde las administraciones locales se estén vulnerando y haciendo imposible que se cumplan las resoluciones que dicta». Por ello, Marqués mostró su preocupación por las órdenes de demolicion de viviendas que ya se han registrado en Burgos, Cantabria y numerosas localidades del Levante, llevando a muchos ayuntamientos a una situacion de bancarrota como consecuencia del pago de indemnizaciones millonarias y que «esto también podría ocurrir en Ponferrada». Los socialistas confían en que el Procurador abra un expediente para investigar las actuaciones en La Rosaleda y pueda recabar la información suficiente para demostrar y argumentar las denuncias que vienen denunciando desde el PSOE, además de presentar sugerencias y propuestas que corrijan estas «irregularidades». Junto a la queja, se ha remitido una copia de la sentencia judicial, el informe que aconsejaba la reserva de suelo, las licencias concedidas con posterioridad al fallo, los recursos, así como la jurisprudencia aplicable al caso, relacionado con un delito de prevaricación que está penado con 7 a 10 años de inhabilitación.