Relaciones laborales

PROFESIONALIDAD y utilidad social son dos características inseparables del trabajo asalariado, de ahí la regulación específica de las enfermedades profesionales desde los lejanos tiempos de la socialización del derecho que caracterizó al siglo XX, igual que los códigos del siglo XIX habían intentado superar el individualismo en las relaciones laborales. Pero la crisis del derecho laboral clásico, basta leer los periódicos nuestros de cada día, se manifiesta incluso en las dificultades de los sindicatos a la hora de implantar su representación en algunas empresas, a pesar de que la libertad sindical es un derecho constitucional. La crisis del derecho laboral clásico tampoco respeta esta parcela, tan sensible que el poder legislativo sólo puede, sin menoscabar su contenido, regular el ejercicio de este núcleo intangible y esencial del ordenamiento jurídico. Si pasamos al capítulo de accidentes laborales, el panorama no es menos desalentador, pues no hay mesa de acuerdo entre los agentes sociolaborales y el gobierno, por lo que el Ministerio de trabajo ha tenido que asumir, en los tres últimos años, la elaboración de estrategias unilaterales para reducir los datos escalofriantes de siniestralidad laboral : el último año la cifra de trabajadores fallecidos, computados también los accidentes in itínere, se eleva a 1.338, un 2,26% menos que el año anterior. Una realidad tan inasumible desde la moral pública como desde el derecho privado. En el ámbito de las enfermedades profesionales un reciente estudio de la Universidad de Valencia, encargado por Comisiones Obreras, revela que en año 2004 hubo en España un millón ochocientos mil trabajadores afectados por alteraciones de salud relacionadas con su trabajo, pero muchas de ellas, unas cincuenta mil cada año, son diagnosticadas como comunes, derivando el gasto al Servicio Nacional de Salud, en beneficio de las Mutuas. Es la hora de que los sindicatos vayan tomando nota de esta desviación que alcanza en Castilla y León al 80,5% de enfermedades laborales, pues los responsables del estudio reconocen que las medidas del Ministerio de Trabajo están ayudando a «mejorar sustancialmente» este proceso que afecta de forma desigual a todo el territorio nacional. He aquí un terreno propicio para la elaboración de estrategias comunes, un punto de encuentro entre opciones políticas atrapadas en la bronca permanente, para desconcierto, despolitización y desencanto de la ciudadanía.