Ponferrada no se conectará a la nueva depuradora si no lo autoriza la Junta

La entrada en funcionamiento de la nueva Estación de Aguas Residuales (Edar) de Villadepalos continúa siendo objeto de contradicciones y enfrentamientos entre la Administración central, la autonómica y los ayuntamientos afectados por el retraso de su puesta en marcha. Si hace dos días era el presidente de la Confederación Hidrográfica del Norte (CHN), Jorge Marquínez, quien aseguraba que todo estaba en regla para que la Edar empezase a funcionar y lanzaba un ultimátum a los municipios que no se conectasen a ella, al tiempo que adelantaba ya posibles sanciones en el caso de no hacerlo, el Ayuntamiento de Ponferrada ha respondido de forma contundente. El concejal de Acción Social en el consistorio ponferradino, Reiner Cortés, mostró ayer su sorpresa por las declaraciones realizadas por Marquínez. El edil criticó el hecho de que se intente obligar a los municipios implicados a poner en marcha una infraestructura sin que se hayan dado las garantías necesarias de que todo está listo para que empiece a funcionar. Precisamente en este sentido, Cortés explicó que el Ayuntamiento de Ponferrada se conectará a la estación residual cuando la Junta de Castilla y León le notifique que todos los trámites medio ambientales, administrativos y técnicos estén en perfectas condiciones, no antes. Y, para ello, Confederación debe «certificar» al Gobierno autonómico que efectivamente el proyecto se encuentra en condiciones de empezar a funcionar, y le ha pedido al presidente de la CHN que «se digne» a garantizar su correcto funcionamiento. Discriminación Por otra parte, Cortés también se ha referido a la «discriminación que, según él, la Administración central está haciendo con los municipios del Bierzo. A este respecto, ha criticado que se presione a los ayuntamientos para conectarse a una infraestructura sin que se haya ratificado que cumple todas las condiciones administrativas. Además, añade que «en la gran mayoría de casos similares son las confederaciones quienes ponen en marcha la infraestructura y, tras un periodo de prueba de unos seis meses», la entrega a los ayuntamientos correspondientes para que éstos continúen con la gestión; algo que no ocurre en el Bierzo».