El sector factura ya 130 millones y emplea a 2.500 personas en León
La Junta busca zonas para depositar el aumento de escombros de pizarra
La Junta de Castilla y León ha elaborado nuevos informes para determinar la viabilidad y futura ubicación del anunciado proyecto de escombrera mixta para La Baña y San Pedro de Trones. El estudio ha permitido determinar que, en los últimos nueve años, se han duplicado los escombros de pizarra que suman, sólo en San Pedro de Trones, cerca de 47 millones de metros cúbicos. Esta situación obliga a la administración a buscar nuevas ubicaciones para evitar un mayor impacto ambiental. La idea pasa ahora por buscar vaguadas para reducir la visión de estos residuos. Y es que, según detalló ayer uno de los encargados del proyecto José Ignacio García, trasladar estos residuos a una vaguada permitiría ocupar una menor extensión de terreno y el 70 por ciento de los escombros no serían visibles. «Hoy por hoy no queda más remedio que amontonar los residuos, buscando la menor afección medioambiental. Las vaguadas nos permiten evitar estos problemas medioambientales pero hay que ver si es viable desde el punto de vista económico» apostilló. Mantero reitera su compromiso La apertura ayer de las terceras Jornadas sobre el Sector de la Pizarra también contó con la presencia del director general de Minas de la Junta, quién reiteró el compromiso del gobierno regional con este sector, uno de los más importantes de la comunidad autónoma. De hecho, Ricardo González Mantero, auguró un gran futuro para la pizarra que cuenta con una producción anual de 300.000 toneladas y factura unos 175 millones de euros, de los cuáles 130 millones de euros corresponden a pizarreras ubicadas en la provincia de León, con cerca de 2.500 empleos directos. Mantero apuntó que la posible reducción de los avales aún está en fase de estudio y que la gran apuesta de la Junta pasa por fomentar la exportación de pizarra y lograr la certificación de calidad para este producto. Y confirmó que la Junta destinará 400.000 euros, con cargo a la Ley de Actuación Minera, para proyectos de investigación, formación y seguridad.