La Junta ya exigió en 1992 el cierre de la explotación y su restauración

dl | ponferrada

La defensa de Catisa alegó que en 40 años se ha consentido la actividad de la cantera y que en todo este tiempo no se ha pedido nunca el cese. Por eso interrogó a la fiscal acerca de cuál es la razón para que se intervenga ahora, esgrimiendo que la empresa cuenta con permisos en regla. Pero ya en 1990 la Consejería de Economía de la Junta emitió un informe en el que se recogía lo siguiente: «Se estima que esta cantera deberá cesar sus actividades extractivas, previa restauración del área afectada, en un plazo no superior a dos años». En 1992 esa actividad proseguía. En ese instante se emitió otro informe en el que se ratificaba la de ilegalidad. En 1996 el jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente subrayaba que Catisa seguía explotando «sin la preceptiva licencia (...) desde el año 1991, en el que finalizaba la adjudicación el aprovechamiento que disfrutaba desde 1986». El TSJ en el 2004 falló contra la ampliación de la industria.