Aduce delito ambiental por destrozos en manantiales, contaminación del agua, flora y fauna, polvo, ruidos y voladuras

La Fiscalía insta por lo penal el cierre de la macrocantera de Catisa en Las Médulas

El vicepresidente de Martínez Núñez acudió ayer al juzgado para oponerse a la suspensión

El vicepresidente del Grupo Martínez Núñez, José Luis Martínez Parra, con una carpeta, ayer en los j

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D. López
León

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El vicepresidente del grupo Martínez Núñez y de Teconsa, José Luis Martínez Parra, compareció ayer con sus abogados ante la magistrada del Juzgado número 4 de Ponferrada en calidad de imputado para responder en audiencia por la solicitud de la Fiscalía para adoptar medidas cautelares de paralización de la macrocantera que Catisa explota en el corazón de Las Médulas. Esta vez por la vía de lo penal tras la querella presentada desde la Fiscalía de la Audiencia Provincial. La fiscal se reafirmó ante la magistrada Nuria Goyanes en la petición de suspensión de toda actividad en la explotación de áridos en el paraje Peña del Rego.

El Ministerio Público argumentó que la cantera de Martínez Núñez «afecta de forma grave a los intereses generales y a terceros» y refirió diversas sentencias que han dictado jurisprudencia. Además, recriminó que la propiedad empresarial siguiera con la actividad en la zona, «fuera de toda norma legal», después de que también se emitiera un auto judicial instando la paralización de la actividad en la explotación desde el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de León.

En la audiencia pública celebrada en Ponferrada, la fiscal aseveró que la cantera de Catisa incurre en «gravedad extrema por no aplicar las medidas correctoras». Y se remitió a informes periciales del Ministerio de Medio Ambiente, de la Junta y del Seprona, según los cuales la cantera incurre presuntamente en un delito medioambiental. Adujo además que las voladuras de Catisa han afectado al pueblo de Lago de Carucedo, han reducido la captación de aguas en los manantiales de la zona, han contaminado el agua; y constató pérdida de vegetación y la desaparición por completo de la fauna, centrándose en especial en el arroyo Balado, que lleva el agua al embalse de Peñarrubia.

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La Fiscalía se refirió asimismo al Ayuntamiento de Carucedo por su actitud negligente. La fiscal resaltó que no sirve el argumento del alcalde de que la cantera beneficia con dinero a las juntas vecinales, comparado con «el daño irreparable» cometido en Las Médulas, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, además de contar con otras protecciones de la Junta de Castilla y León, como la de Monumento Natural. A todo ello, además del impacto visual que ofrece los movimientos de tierra frente al mirador de Orellán, la representación del Ministerio Público añadió que otra inspección efectuada por la Guardia Civil a través del Servicio de Protección de la Naturaleza incide en los problemas generados por el polvo y ruido que ocasiona la explotación de áridos. El vicepresidente del grupo Martínez Núñez asistió al acto desde el banquillo de sala, pero no intervino ni realizó declaraciones a los medios.