Medidas lotería y dinero de todos

EL TOTAL de ocupados en España a diciembre de 2008 era de 19.856.700. Los asalariados de grandes empresas 5.419.210, de los cuales un 39,09%, 2.118.479 trabajadores, superó la media salarial de 24.000 euros. Extrapolando, sin tener en cuenta la pertenencia o no a plantillas de grandes empresas, el resultado arroja una cifra de 7.762.000 ocupados que superarían 24.000 euros. Aceptando desde ahora un improbable error del 50%, la importante cifra de 3.880.992 potenciales inversores, tal como se anuncia, no podrán desgravar por inversión en vivienda propia a partir de 2011.

Tal medida invita a pensar en un efecto psicológico que presumiblemente debería animar a esos potenciales millones de ciudadanos a invertir ahora bajo el temor de no poder beneficiarse en el futuro. Es esta una perspectiva de la que nada hay que objetar, como nada puede objetarse de un sueño. Parece más bien un aullido dirigido al sordo e irritante mercado financiero, el cual no solo no viene facilitando este efecto, sino que adornado de hipocresía solo espera, por el contrario, «sus» adicionales 90.000 millones de euros públicos para resolver las consecuencias de su codicioso modelo económico y salir airoso para continuar con el acostumbrado beneficio y prebenda de sus gestores. Seguir facilitando recursos públicos a quienes han contribuido al actual estado de cosas, y solo a ellos, no augura grato porvenir a modelo económico alguno; solo puede esperarse una repetición del anterior.

Esa débil medida, además, será de difícil o imposible mantenimiento en el horizonte electoral de 2012 pues hipoteca la acción del gobierno al facilitar a la oposición un paraguas electoral que prometerá cobertura a los excluidos, muchos de ellos votantes del Psoe, y a quienes resultará complicado ofrecer una explicación convincente. Medidas lotería de injusto impacto -si gano 24.000 euros me devuelven impuestos, si gano 24.001, no- son juegos de suma cero que deberían plantearse con cautela y, en ningún caso venir condicionadas por la coyuntura de un debate carente de efecto electoral inmediato, o bajo la excusa de un nuevo modelo productivo, a no ser que pretenda desviarse la percepción de la génesis de la crisis o adelantar el calendario político.

Parece, por otra parte, como si los protagonistas en contribuir a acelerar la confianza del mercado inmobiliario debieran ser estos ciudadanos de rentas superiores, aunque de recursos limitados o comprometidos, en vez de quienes poseen los verdaderos depósitos, hoy inactivos para cualquier finalidad.

Puesta de nuevo la máquina de hacer billetes, quienes deberían recibir incentivo para imprimir confianza deberíamos ser todos, y no solo -o precisamente- los banqueros, pues un sistema neoliberal no confiscatorio que premia la irresponsabilidad especulativa, que nos guste o no, es la que se ha venido declarando portadora de la llave del bienestar, debería poner a la cola de la caja del estado a todos cuantos puedan cumplir sus obligaciones con el mismo; la economía actual de las familias no está para vergüenzas ideológicas o para que el estado pueda permitirse desconfiar de ellas al dejar los recursos públicos a la exclusiva discrecionalidad de aquellos. Las épocas de bonanza, y no las de crisis, son las que deberían ser aprovechadas para producir en el ciudadano ideología crítica, responsable y avanzada que fiscalizara las conductas públicas e impidiera la adormecida del todo vale y su contraria, la de la cigarra, en las cuales se nos ha instalado. Aunque nunca es tarde para cambiar este estado de cosas e intentarlo.

Los ciudadanos ya no se conforman con medidas televisivas de shock del rival político; esperan un análisis de dificultades que comprometa alternativas consensuadas en el orden interno como en el del entorno de países próximos y que se les aclare si van a participar en un nuevo modelo económico y financiero o si seguirán siendo meros pecheros de lo que ahora se anuncia y que no es otra cosa que simple evolución de la especialización productiva.