«La Junta se come las competencias de Ponferrada en Flores», advierte el PSOE

Sin competencias en el desarrollo urbano del barrio de Flores del Sil y su unión con La Placa, y sin 11.000 metros cuadrados de suelo. Así se quedará el Ayuntamiento de Ponferrada si sigue adelante el Plan Regional de Urbanización que la Junta de Castilla y León está poniendo en marcha en el barrio más populoso de la capital berciana, según advirtieron ayer procuradores socialistas en las Cortes de Castilla y León. «La Junta se come las competencias de Urbanismo del Ayuntamiento de Ponferrada», advirtió Octavio Cantalejo, responsable de Urbanismo del grupo parlamentario socialista en las Cortes de Castilla y León.

Cantalejo y la procuradora berciana Ángela Marqués, que se reunieron junto a otros procuradores socialistas con el grupo municipal del PSOE en Ponferrada insistió en que el consejero de Fomento, Antonio Silván, «está desarrollando un urbanismo a la carta» y criticó la Ley de Urbanismo autonómica, recientemente reformada, porque «exime» a los planes que promueve la Junta en los municipios de respetar la continuidad urbana a la hora de recalificar suelo rústico y le otorga «prebendas» como el 10% del suelo edificable que debería corresponder a los Ayuntamientos si fuera el gobierno local el responsable único del desarrollo. En el caso de Flores, donde se urbanizarán 146.000 metros para edificar 986 viviendas, la Junta se quedaría con 11.000 metros (restado el suelo para viales) y el equivalente de 96 viviendas, con lo que el Ayuntamiento estaría perdiendo patrimonio y debería «exigir contrapartidas», plantearon los socialistas.

Cantalejo lamentó que «el Ayuntamiento renuncie a ése suelo que es de su competencia» y sobre el que la Junta podrá «hacer y deshacer a su antojo». «Y lo que haga la Junta, lo pagarán los propietarios», añadió el procurador socialista criticando la «dejación de funciones» en la que estaría cayendo el equipo de gobierno local del PP,. Según el PSOE, el equipo de Carlos López Riesco ha promocionado toda la operación como si la administración autonómica estuviera «poniendo sus técnicos a disposición del Ayuntamiento y los propietarios» en un acto de generosidad cuando en realidad el Ayuntamiento estaría perdiendo patrimonio.