IU considera «vergonzoso» privatizar la depuradora y el pago de 40 euros
La coalición denuncia que el nuevo recibo de 10 euros trimestrales encubre una subida «alarmante» de la tasa que ya se abona por alcantarillado y aguas
A Izquierda Unida (IU), como anteayer lo hacía el PSOE, tampoco le ha gustado la decisión de la Mancomunidad de entregar a una empresa privada la gestión de la depuradora de aguas residuales de Villadepalos, la que trata las aguas sucias de enclaves poblacionales tan importantes como Ponferrada, Carracedelo y Camponaraya. Y mucho menos les gusta a los integrantes de esta coalición el nuevo recibo de diez euros trimestrales (40 euros anuales) que tendrá que pagar cada hogar por el tratamiento de estas aguas, para devolverlas limpias de nuevo al cauce del río Sil.
El coordinador comarcal de IU, Tito Martínez, cargaba ayer las tintas contra los políticos responsables de la Mancomunidad y decía que era «vergonzoso» que los alcaldes que integran el ente supramunicipal «tengan, por un lado, la desvergüenza de reconocer su incapacidad para gestionar una depuradora de aguas, y por otro no reconozcan esa misma incapacidad para gestionar los intereses ciudadanos entre los cuales se halla precisamente la depuradora de aguas». Tito Martínez calificaba de «patético» que se pretenda engañar a la ciudadanía.
Para la coalición de izquierdas, detrás de la privatización de la depuradora de aguas residuales no se encuentra «ninguna tarea técnica» que no puedan realizar, con la misma profesionalidad, el personal que pertenezca a una empresa privada o a la entidad pública. «Por lo tanto, estos alcaldes deberán darnos explicaciones más satisfactorias sobre el porqué de la privatización del servicio», resalta el coordinador de IU.
Para Martínez, parte de la respuesta a toda esta privatización se encuentra precisamente «en lo que nos va a costar a la ciudadanía este tipo de gestión, 40 euros al año, en principio, dado que luego, como siempre, vendrán los ajustes de costes, para mayores beneficios de la empresa privada adjudicataria».
También indica que no se trata de una nueva tasa, sino que «encubre una subida alarmante de la tasa que ya estamos pagando por el tratamiento de residuos, alcantarillado y aguas». Y eso, según Martínez, en una coyuntura económica muy mala, por lo que incide en la «sensibilidad» e «incapacidad» de los gobernantes locales.