El TS anula los convenios con Treviño por obviar las competencias de la Junta
El Tribunal Supremo ratifica el fallo del TSJ y concluye que los acuerdos invadieron dominios que son exclusivos del Gobierno de Castilla y León
El Tribunal Supremo (TS) ha ratificado el fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León que anula los convenios de colaboración que firmaron el Gobierno vasco y las localidades burgalesas de Treviño y La Puebla de Arganzón en el año 2002. El Supremo coincide con al TSJ en que los firmantes invadieron competencias de la comunidad Autónoma al acordar sobre cultura, educación y promoción económica y rural, sin contar con ella.
El fallo del Alto Tribunal, con fecha 16 de marzo, desestima el recurso presentado por los ayuntamientos de Treviño, La Puebla y el Gobierno vasco contra la sentencia del TSJ del 2005 que anuló los acuerdos firmados tres años antes. El Supremo coincide con el TSJ en que las materias objeto de los convenios anulados son competencia propia del Gobierno autonómico de Castilla y León, y que desbordan los límites de las competencias municipales, en contra de lo invocado por los dos municipios burgaleses, que justificaban su actuación apelando a la autonomía local, según publica el Mundo de Valladolid.
Del mismo modo discrepa del Gobierno vasco, que enmarca los acuerdos en un contexto de mera colaboración institucional, al recordar que el objetivo último de las iniciativas era extender la enseñanza del euskera en la comarca, competencia lingüística que compete también al Gobierno de la Junta.
Ratifica sus argumentos. La administración que preside Herrera considera que el Tribunal Supremo (TS) ha ratificado sus argumentos en el fallo que anula los convenios de colaboración que firmaron el Gobierno vasco con los ayuntamientos de Condado de Treviño y La Puebla de Arganzón.
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, manifestó que el Supremo ratifica la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el sentido de que «no se había contado» con el Gobierno autonómico, competente al ser dos municipios de Castilla y León.
«Refuerza nuestros argumentos», concluyó en referencia al fallo del alto tribunal, en el que se entiende que los firmantes invadieron competencias de la comunidad Autónoma de Castilla y León al acordar sobre cultura, educación y promoción económica y rural.