La Junta avisa de que la nueva financiación autonómica obliga a más recortes sociales

La primera evaluación del nuevo sistema de financiación autonómica aprobado el año pasado por el Gobierno no puede ser más desalentadora para la Junta, que denuncia que el modelo condena a las comunidades autónomas «a la asfixia» económica y, con ello, pone en solfa al Estado de bienestar tal y como está en la actualidad en todo el país, según informó Ical. De hecho, considera que si se mantiene este sistema, servicios fundamentales, como la sanidad, la educación o las prestaciones sociales, se verán abocados a un nuevo recorte, «el segundo del Gobierno de Rodríguez Zapatero».

En un informe elaborado por el Gobierno autonómico en el que analiza los recursos que recibe la Comunidad a través del nuevo modelo, se pone de manifiesto que el incremento que se produce por la cesión de impuestos no compensa la reducción de los denominados fondos de solidaridad y el resultado es que la Comunidad ha visto como sus ingresos por esta vía han caído un 11% y ha tenido que presupuestar 689,2 millones de euros menos de lo que hubiera hecho si estuviera vigente el modelo anterior.

900 millones menos. En concreto, según este informe, por la vía de la recaudación de impuestos, llegarán a la Comunidad 1.316 millones de euros más que con el anterior sistema, un 45,33%, debido tanto al incremento del porcentaje de estos tributos que recibirán las comunidades autónomas como a las previsiones al alza para 2011 del propio Gobierno. Sin embargo, a través de los fondos de solidaridad que se implantaron en el actual modelo de financiación, la merma de recursos que tendrá la Comunidad autónoma superará los 2.000 millones de euros. Así, Castilla y León tendría que recibir con el sistema de 2002 un total de 3.486 millones por el Fondo de Suficiencia; 37,9 por la asignación complementaria de la financiación sanitaria y 83,6 millones como compensación por la desaparición del Impuesto de Patrimonio, en total 3.608 millones de euros. Sin embargo, recibirá 664 millones como entrega a cuenta por el Fondo de Garantía de los Servicios Públicos; 727,8 por el Fondo de Suficiencia Global y debería recibir 211 por el Fondo de Cooperación, que está presupuestado en las cuentas regionales para el próximo ejercicio, pero que el Gobierno ya ha anunciado que no va a transferir. Si finalmente, este último fondo no llegara a la Comunidad, la cifra alcanzaría los 900 millones de euros, de los que habló ya la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo.

En definitiva, los fondos del nuevo modelo supondrán unos ingresos de 1.602 millones de euros, frente a los 3.608 que recibiría antes, lo que suponen 2.005 millones de euros menos. En total, las dos herramientas del sistema aportan a la Comunidad 689,2 millones de euros menos que con el modelo anterior.

«Una revisión de arriba abajo». Estas cifras demuestran, para el consejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo autonómico, José Antonio de Santiago-Juárez, que el nuevo sistema de financiación autonómica «está muerto y necesita una revisión de arriba abajo» para poder continuar con la prestación de servicios sociales básicos que recae, en su mayor parte, en las comunidades autónomas. «Si se asfixia a los gobiernos regionales se está induciendo a un recorte de los servicios sociales y sería ya la segunda oleada de ajuste del Gobierno de Rodríguez Zapatero después de que en mayo redujera las pensiones y los sueldos de los empleados públicos, suprimiera el cheque de maternidad y eliminara algunas prestaciones de la Ley de Dependencia».

El titular de la Presidencia del Ejecutivo de Juan Vicente Herrerea acusó, además, al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de «engañar» a las todas las comunidades autónomas del Estado español ya que se dijo que el nuevo modelo de financiación tendría unos fondos adicionales de 11.700 millones de euros que habría que repartir entre todos los territorios «y no ha habido nada de eso, no hemos visto un solo euro de ese dinero».

De Santiago-Juárez señaló a la agencia Ical que la Junta de Castilla y León ha podido salvar este nuevo recorte «porque se ha querido priorizar el mantenimiento de la calidad de estos servicios sociales, es decir, lo contrario que el Gobierno». Así, esgrime algunos datos que figuran en el informe, en el que también se compara, el comportamiento del presupuesto de la Junta y del Ejecutivo central en algunas políticas. De este modo, destaca que en Castilla y León el descenso en servicios sociales será del -0,38%, mientras que en la Administración del Estado llegará al -8,09%; en Sanidad, la Comunidad bajará un 1,62% y el Estado un 8,20%; en Educación, un -6,59% la Junta, frente a un -8,13% del Estado, y en infraestructuras un -33,38% el Gobierno autonómico y un -39,33% el central. En el total del presupuesto, Castilla y León lo reducirá un 5,02%, más de un punto porcentual menos de lo que que lo hacen las cuentas del Gobierno central.

El informe compara también la evolución del gasto de diversos departamentos del Gobierno central con gran presencia en el territorio con la evolución de las diferentes consejerías y concluye que el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino baja su presupuesto un 31,3%, el doble que sus homólogos de la Comunidad. Lo mismo ocurre con los ministerios de las políticas sociales como el de Sanidad y el de Igualdad, que rebajarán sus cuentas un 8%, mientras que las consejerías de Sanidad y de Familia lo harán en un 1,36%. Fomento baja un 32% en el Gobierno central y un 28,6% en la Junta y educación, un 7,8% en el conjunto del país y un 5,5% en el Gobierno autonómico.

Infraestructuras. El estudio, elaborado a partir de los datos de la Cámara de Contratistas de Castilla y León, concluye que el presupuesto del Gobierno retrotrae las inversiones en infraestructuras en la Comunidad a niveles del año 2003, el último año completo del Ejecutivo de Aznar. Ese año, según este estudio, los distintos ministerios licitaron en la Comunidad un total de 1.737 millones, mientras que en el presupuesto actual la cantidad asignada es de 1.755 millones.

Esta comparación le permite a De Santiago-Juárez rechazar el argumento de Blanco. «Parece sensato que el AVE no se parase y para desplegarse por el Norte y Noroeste de España tenga que atravesar Castilla y León», señaló el portavoz de la Junta, quien fue duro en sus apreciaciones con el titular de Fomento: «Debería caérsele la cara de vergüenza venir en el último año cuatro veces para inaugurar en total 12 kilómetros de autovía, con actitud poco institucional, cuando en el último año ha licitado cero kilómetros de autovía en la Comunidad». En este sentido, el consejero puso de manifiesto que en los dos últimos años la licitación de autovías en Castilla y León ha sido prácticamente nula y se han limitado a ejecutar tramos ya contratados anteriormente. Frente a ello, el consejero antepone los 1.374 kilómetros de carreteras de competencia de la Junta en los que ha actuado la Consejería de Fomento, con una inversión que supera los 525,8 millones de euros. Del mismo modo, continúa el informe, el recorte de inversiones globales en Castilla y León es más acusado en el caso del Gobierno central, que bajan un 27,9%, que en la Junta, que descienden un 21%.