Herrera ve «destrucción política» en la entrega de los papeles de Salamanca

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, tildó ayer ­de «destrucción política y sectaria del Patrimonio» la próxima transferencia de nuevos documentos del Centro de la Memoria Histórica a la Generalitat de Cataluña y al Partido Nacionalista Vasco. «Lo más significativo es que el propio Gobierno tomó una decisión, que el Ejecutivo autonómico no comparte, y que quiso darle seriedad y formalidad jurídica a través de una ley cuyos términos están incumpliendo», indicó durante la inauguración en Valladolid de la VII Bienal de Restauración y Gestión del Patrimonio AR&PA.

Herrera lamentó que «lo que era el patrimonio común de los españoles se encuentre en una situación tan compleja», en referencia a «la situación jurídica de un centro que ya no existe», como era el Archivo de la Guerra Civil, «y que se sustituye por otro de nueva creación del que se siguen desgajando elementos que pertenecen al patrimonio común de todos los españoles en virtud de concesiones que forman parte, al parecer, no solo de normas fiscales o beneficios de carácter empresarial o trasferencias, sino otro tipo de concesiones a un partido político para conseguir la mayoría suficiente para aprobar unos presupuestos».

No improvisar medidas. Interpelado respecto a la posibilidad de que la Junta realice algún tipo de actuación jurídica, el presidente de la Junta aseguró que «no se trata de improvisar ahora un anuncio de cualquier tipo de medida, sino de lamentar que este tema siga siendo actualidad, frente a la no actualidad de los muchos compromisos de convertir Salamanca en un centro de referencia para la memoria y la historia reciente de todos los españoles».

Por su parte, el secretario autonómico del Partido Popular en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, consideró una «mala noticia» la decisión del patronato del Centro Documental de la Memoria Histórica de autorizar la transferencia de fondos a la Generalitat de Cataluña, así como de documentos del Partido Nacionalista Vasco al gobierno vasco. Además, indicó que se trata de una cesión «gravísima» que vinculó con los pactos alcanzados entre el PNV y el Ejecutivo que preside José Luis Rodríguez Zapatero.

En ese sentido, Fernández Mañueco, también consejero de Interior y Justicia, recordó que la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, había asegurado que no saldrían más papeles del centro sobre la Guerra Civil. Por ello, indicó que este hecho es un «ejemplo» de que aunque cambien las personas no cambian las políticas. Además, insistió en que la cesión de documentos al PNV es uno de los acuerdos no escritos del pacto alcanzado con el Gobierno.

Finalmente, el dirigente -˜popular-™ manifestó que el Gobierno no tiene en cuenta el interés general, sino el suyo particular, y censuró las cesiones que hace a partidos nacionalistas para mantenerse en el poder.

A esta misma cuestión se ha referido también el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, quien ha criticado que este tipo de traslados de documentos se realicen «cuando se acercan los periodos electorales», en este caso en Cataluña.

«Deprisa y corriendo hay que ir a sacar papeles para pagar un precio por mantener a Zapatero en el Gobierno», ha lamentado De Santiago-Juárez, quien ha vinculado el traslado de nuevos documentos al País Vasco con la negociación mantenida por el Ejecutivo y el PNV para apoyar en el Congreso de los Diputados el proyecto de Presupuestos del Estado para 2011.

El portavoz ha explicado que pensaban que con el traspaso de competencias al Gobierno vasco «se había acabado» el canje de intereses entre el PNV y los socialistas, «pero no, había más», ha lamentado en referencia a este traslado de documentos.

«Siempre que miran a Castilla y León es para perjudicarla», ha asegurado De Santiago.