Los ganaderos piden al Gobierno y a la Junta que fijen precios «más justos»
López, Dujo, Alonso, Palacín y Pérez en la presentación.
Las organizaciones profesionales agrarias de Castilla y León y las cooperativas agrarias instaron ayer al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y a la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, a dar una atención prioritaria a la situación del sector ganadero en la reunión que mantendrán mañana y, sobre todo, a tomar decisiones al respecto. Sin embargo, se mostraron escépticos porque consideraron que en ese encuentro se van a tratar «demasiados temas».
Asaja, Coag, UCCL, UPA y la Unión de Cooperativas Agrarias de Castilla y León (Urcacyl) presentaron hoy la campaña de movilización que van a realizar de forma conjunta en demanda de «precios justos» para los productos ganaderos de la Comunidad ante la «situación dramática» que vive el sector. El primer paso será una manifestación el próximo sábado, día 19, por el centro de Valladolid, que partirá a las 12 horas de la plaza Colón y concluirá en la Plaza Mayor.
El presidente de Urcacyl, Gabriel Alonso, y los responsables regionales de las opas coincidieron en exigir «a todas las administraciones» que tomen «medidas urgentes» para hacer frente a los graves problemas de los ganaderos, que han visto como en los últimos diez años los precios de sus productos se han reducido mientras que los costes de mantenimiento de sus explotaciones se han disparado.
«Nunca se ha conocido una crisis de la envergadura de la que se está viviendo ahora, hay que tomar medidas drásticas y efectivas ya», aseveró Alonso, mientras que el presidente de Asaja, Donaciano Dujo, destacó que más de 35.000 familias viven de la ganadería en la región.
Dujo señaló en que su difícil situación requiere tres tipos de medidas «urgentes»: «precios justos y rentables» para sus productos, que remarcó que son «de gran calidad y con todas las garantías sanitarias»; «medidas económicas urgentes» para evitar cierres y «liquidez económica». Todo ello sobre la base de una legislación que establezca una política de precios, con contratos con la industria y la distribución.