La Fundación Perspectivas asegura que los recortes ponen en peligro el medio rural
La Fundación Perspectivas de Castilla y León abordará en una jornada durante el día de hoy la relación entre Ordenación del Territorio y Desarrollo Rural, en la que se analizarán tanto los modelos territoriales de desarrollo, creación de actividad y empleo, como de organización de los servicios públicos de las entidades locales y, sobre todo, de la Comunidad, que es titular de las competencias que afectan a la calidad de vida, la seguridad y las oportunidades de la ciudadanía, la sanidad, la educación y los servicios sociales, además de desarrollo rural, promoción económica y empleo.
La jornada incorpora todos los enfoques desde los que se puede abordar el tema: el derecho, la economía, la geografía, la sociología y la política, desde una perspectiva de cohesión social y territorial.
Durante la jornada que se celebrará durante el día de hoy también se abordará el debate sobre el modelo de organización territorial del mapa local que está sobre la mesa de la agenda política regional, con una visión académica, profesional e independiente, incorporando además el punto de vista de responsables políticos locales de reconocida trayectoria.
Por otro lado, se analizarán los efectos de los recortes en los servicios públicos, que en el medio rural significan frecuentemente la «supresión radical de derechos sociales, lo que pone en riesgo la sostenibilidad de medio rural de Castilla y León», apuntaron en un comunicado
La fragilidad sigue existiendo . Desde la Fundación Perspectivas destacaron que el medio rural de Castilla y León atesora los recursos que, con políticas adecuadas, pueden propiciar el desarrollo sostenible de la Comunidad, pero que «la fragilidad social y económica de los pueblos, su envejecimiento y dispersión siguen exigiendo, hoy más que nunca, políticas respetuosas de servicios públicos, de innovación y de desarrollo sostenible para mantener e incrementar el empleo, tanto masculino como femenino, y sustentar la población».
«No nos olvidamos de que hoy la prioridad ciudadana es el empleo y de que el Estatuto compromete a las administraciones a garantizar el derecho de la ciudadanía a vivir y trabajar en su propia tierra», remarcaron las mismas fuentes, quienes apostillaron que la fragilidad del medio rural obliga a la «prudencia» a la hora de poner en cuestión los modelos de organización que el tiempo y la iniciativa local han decantado, a mantener con especial cuidado el acceso a los servicios públicos en los pueblos y a «evaluar con seriedad las alternativas, si no tienen garantías de solvencia y viabilidad».