Oposición postelectoral
La andanada | pedro vicente
Como era de prever, la resaca del 20-N se dejó notar en las preguntas de control a la Junta con las que el Parlamento Autonómico reanudó ayer su actividad plenaria tras el paréntesis electoral. En la sesión se apreció nítidamente la nueva línea de oposición adoptada por el grupo socialista, que, de no compartir las reivindicaciones del Ejecutivo de la Comunidad hacia el gobierno Zapatero, ha pasado automáticamente a respaldarlas frente al que presida Mariano Rajoy.
Inauguró esta nueva estrategia el portavoz y secretario autonómico socialista, Óscar López, quien, tras felicitar a Juan Vicente Herrera por la victoria electoral del PP, le alentó a defender frente al gobierno Rajoy toda su panoplia reivindicativa: Desde una mejor financiación autonómica y de la Sanidad y la Dependencia a las competencias sobre la Cuenca del Duero y la Justicia, pasando por las autovías y el AVE pendientes, el Plan de Convergencia, los palacios de congresos, etc. etc. «Para todo eso puede contar usted conmigo», dijo un solícito López.
La enumeración de todas esas reivindicaciones fue tomada por el presidente de la Junta como un «ejercicio de autocrítica» que venía a reconocer lo que a su juicio no han sido sino incumplimientos del gobierno socialista con Castilla y León. Como no podía ser de otra forma, Herrera se comprometió a mantener todas esas reclamaciones y expresó su confianza en que el gobierno central las atienda «en el contexto económico actual», matiz éste último con el que vino a curarse en salud ante las previsibles dificultades que puedan aparecer en el camino.
Una de esas reivindicaciones pendientes es la deuda de 724 millones de euros que la Junta ha llevado al Tribunal Constitucional, recurso que fue objeto de un nuevo rifirrafe entre la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, y su implacable marcador socialista, José Francisco Martín. «Supongo que ahora retirarán el recurso», dijo Martín, no sin antes resaltar la contradicción de que el Presupuesto de la Junta del 2011 tan sólo contemplara 211 de los 724 millones reclamados. En la misma línea abundó la procuradora Ana Muñoz respecto a las infraestructuras pendientes de ejecutar por el gobierno de la nación. «Se les acabó el chollo de culpar a Zapatero de todos los males del infierno», señaló.
No podían faltar -y no faltaron- las consabidas alusiones de la oposición a los recortes presupuestarios en materia de Educación, Sanidad y Servicios Sociales, que la Junta sigue negando, admitiendo, como mucho, la existencia de retrasos en la ejecución motivados por las dificultades presupuestarias. Ni siquiera hay acuerdo sobre la demora existente en el pago a los proveedores sanitarios, que según el consejero Saéz es de 283 días de media, muy lejos de los 600 días señalados por la oposición.
El leonesista Valderas trató, sin mucho éxito, que la consejera de Hacienda explicara, para tranquilidad de todos, las consecuencias que se derivarán de la prórroga de los vigentes Presupuestos de la Comunidad. Pilar del Olmo se limitó poco más que a justificar la base legal de dicha medida, manifestando -menos mal- que el 1 de enero los centros de salud, los hospitales, los centros escolares y demás servicios públicos seguirán funcionando con toda normalidad. Tampoco encontró respuesta satisfactoria Valderas sobre la posible reversión al ayuntamiento de León del viejo edificio de la Puentecilla, actualmente «okupado» por el movimiento 15-M. A tenor de la respuesta de la consejera de Agricultura, por muy abandonado que lo tenga, la Junta no tiene ninguna intención de desprenderse de dicho inmueble.