El TSJCyL sobresee la causa contra José Manuel Fernández Santiago por prevaricación
Fernández Santiago.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha sobreseído «parcial y provisionalmente» la causa contra el ex presidente de las Cortes, José Manuel Fernández Santiago, por un presunto delito de prevaricación por la adjudicación de la variante de Olleros de Alba (León) cuando ocupaba el cargo de consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León.
Asimismo y según un auto conocido ayer, el tribunal declara prescrito el delito de cohecho, el otro por el que Fernández Santiago estaba imputado y decreta el sobreseimiento de las actuaciones respecto al mismo. Con esta decisión, y a la espera de un hipotético recurso, el TSJ cierra la vía penal contra el ex presidente de las Cortes, si bien deja abierta la posibilidad de que la Abogacía del Estado acuda a la vía civil para recuperar el dinero que podría haber recibido «cuyo ingreso en el Tesoro Público sería preceptivo».
En su argumentación, el tribunal deja claro que «de las actuaciones practicadas, no se desprende que la adjudicación (de la variante de Olleros de Alba) haya sido amañada, antes bien que se verificó conforme a la legalidad», por lo que no cabe imputar el delito de prevaricación por el que estaba imputado.
No obstante, se recuerda que el informe de la Intervención General de la Administración del Estado se ponía de manifiesto que existe un «exceso de subjetividad y discrecionalidad» en ésta y otras adjudicaciones del Gobierno, pero entiende que no se puede acreditar que se haya producido un delito de prevaricación.
En cuanto a la imputación de cohecho, entendido como la admisión por parte de una autoridad de una dádiva o presente como recompensa de un acto propio del cargo, ya realizado, el tribunal no entra siquiera a valorar si se produjo o no ya que entiende que, de haberse producido, ya habría prescrito.
No obstante, el autor sostiene que «procede la reserva de acciones civiles al señor abogado del Estado en relación con el enriquecimiento injusto que podría suponer no adoptar medida alguna respecto del comiso de la dádiva presuntamente recibida, cuyo ingreso en el Tesoro Público sería preceptivo y cuya reclamación en vía civil no habría prescrito».
El TSJ también se acuerda sobreseer las imputaciones contra el director general de Carreteras de la Junta, Luis Alberto Solis, y los funcionarios José Muñoz Catalina, Ignacio Asín Alonso, Ángel Encalado Iglesias, Ángel Vaca Gutiérrez, Antonio Ruiloba Errandonea, Javier Marqués de la Cruz, Jesús Martín Almeida, Belén González González, Julio González Arias y José Antonio Fernández Sainz.