La Junta destina 155 millones a proteger la igualdad de 161.000 discapacitados
El Consejo de Gobierno aprobó ayer el proyecto de ley que hoy remitirá a las Cortes.
Las más de 161.000 personas con discapacidad que residen en Castilla y León —el 6,3% de la población—, sus familias y aquellas personas en riesgo de padecerla están más cerca de contar con una ley integral y transversal que incluya todas las medidas impulsadas para garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida política, económica, cultural o social, y a lo largo de todo su ciclo vital. Y es que el Consejo de Gobierno aprobó ayer el proyecto de Ley de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad, que movilizará 155 millones anuales y será remitido hoy a las Cortes.
Esta futura ley impulsa la participación de la iniciativa social y garantiza acciones positivas para que este colectivo logre hacer efectivo su derecho a la igualdad de oportunidades.
Nuevo enfoque
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, que califico la norma de «muy importante», destacó el texto legal recoge «un nuevo enfoque» en la atención a estas personas y tres ventajas diferenciadas: «la garantía de la atención individualizada, lejos de la que se basa en los colectivos; medidas específicas para que los discapacitados puedan ejercer sus derechos como el resto de los ciudadanos y la atención del tercer sector o asociativo».
El proyecto de ley, que consta de 76 artículos, no pretende reconocer derechos diferentes para las personas con discapacidad, sino aglutinar en una norma regional todos los derechos establecidos a nivel internacional, nacional o autonómico, y lograr que todos ellos tengan pleno efecto a lo largo del ciclo vital, mediante acciones positivas y un sistema de apoyos y medios específicos para lograr su máxima autonomía personal, su integración sociolaboral, su participación en la sociedad y, en consecuencia, su mayor calidad de vida.
Para ello, el nuevo texto legal establece una doble estrategia de intervención. Por un lado, se luchará contra la discriminación y por la accesibilidad universal y, por otro, se fijará una política transversal en materia de discapacidad. De esta manera, se desarrollarán medidas específicas en nueve áreas de actuación: salud, educación y formación, empleo e inserción laboral, servicios sociales, cultura, deporte, turismo, ocio y medio ambiente. Y para lograr la necesaria planificación coordinada de todas las actuaciones, tanto en el ámbito autonómico, como local y provincial, la Junta se dotará de un nuevo instrumento: un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad.
También recoge actuaciones contra la discriminación, de sensibilización e información, de accesibilidad, de participación y de planificación, así como una atención integrada de carácter social y sanitario para las personas con discapacidad, y actuaciones para promover la salud, prevenir la discapacidad, detectar las situaciones que comportan discapacidades y asegurar la asistencia sanitaria, con especial énfasis en el medio rural.
También establecerá mecanismos para una transición adecuada entre las diversas etapas y niveles educativos, así como entre enseñanzas de formación profesional y acceso al empleo. Marcos reconoció que «faltaba dar un paso» en cuanto a formación, por lo que se contempla la elaboración de un programa integral de empleo.