Diario de León

El juez llama como imputado a Terciado por una presunta apropiación indebida

El magistrado admite a trámite la querella de Confaes contra el presidente de Cecale.

Rueda de prensa del presidente de Confaes, Juan Antonio Martín Mesonero.

Rueda de prensa del presidente de Confaes, Juan Antonio Martín Mesonero.

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El Juzgado número 7 de Valladolid ha admitido a trámite la querella interpuesta por la Confederación de Organizaciones de Empresarios Salmantinos (Confaes) contra el presidente de Cecale, Jesús Terciado, al considerar la posible existencia de un delito de apropiación indebida. Por ello, Terciado ha sido citado en calidad de imputado y prestará declaración el 23 de octubre.

El presidente de Confaes, Juan Antonio Martín Mesonero, comunicó ayer en Valladolid la decisión del juzgado, conocida por él «a las tres de la tarde», y anunció que su organización ha tomado la «decisión irrevocable» de abandonar la junta directiva de Cecale «hasta que se reponga la legalidad y la cordura».

Tras matizar que la confederación salmantina se retira para «no interferir» en el proceso judicial abierto, Martín Mesonero acusó a Terciado de «irregularidades, abusos y tácticas de mala gestión» adicionales a la que han motivado la querella, relacionadas con «gastos y aplicaciones presupuestarias», que podrían desembocar en «sanciones por vía penal o jurídica». De igual manera, arremetió contra el también presidente de la Confederación Española de la Pequeña y la Mediana Empresa (Cepyme) por destituir a miembros de la Junta Directiva de Cecale con «prácticas contrarias a los estatutos», que calificó de «ilegales y más propias de otros tiempos». El presidente de Confaes censuró asimismo la actitud «no lógica» de Terciado al «decir no» a una reunión planteada por las patronales de empresarios de León y Zamora el pasado viernes y argumentar que «el tiempo había pasado» y que «no había nada que hablar». Por el contrario, Mesonero defendió la postura de la organización salmantina al tener «la puerta abierta a cualquier negociación»

Como posible solución temporal a las disensiones planteadas en el seno de Cecale, el empresario charro propuso «nombrar a una gestora que se haga cargo de la representación política para poner cordura», al tiempo que confesó su preocupación por «la viabilidad y el futuro» de la confederación castellana y leonesa, ya que atraviesa «una situación delicada» que «no se quiere ver».

A este respecto, se mostró sorprendido de que ningún otro presidente de las patronales haya pedido «ver la cuentas» de Cecale, ante una situación de «suma gravedad», o la documentación que Confaes halló el pasado 8 de mayo en Valladolid.

Sobre el futuro de la entidad que preside Terciado, Martínez Mesonero reiteró que, a su juicio, se enfrenta a «dos problemas» básicos: la «viabilidad económica», que hace necesario «un análisis profundo» y la elaboración de «un plan», y la «quiebra política», patente en la «división real entre organizaciones».

Llamada a la unidad

Sobre la llamada a la unidad y la responsabilidad que el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, hizo durante la entrega de los Cecale de Oro en Burgos, el pasado 7 de junio, Martínez Mesonero precisó que la veía como «una petición» y no «como una exigencia», ante la cual «alguien no ha querido dialogar», en referencia a Terciado, quien en su opinión «tendrá que dar explicaciones».

Precisamente, el presidente de Confaes eludió analizar las explicaciones dadas hasta ahora por Jesús Terciado, ya que «el juzgado es el que tendrá que determinar» si sus actuaciones «son lícitas o no». A pesar de ello, matizó que en ese «tema» existen «dos partes: la ética y la jurídica». Aquí, como en otros momentos de su intervención, Martínez Mesonero apeló a la «responsabilidad» de todos los integrantes de la junta directiva de Cecale y a la necesidad de «cumplir con la legalidad, los estatutos y las normas impuestas» y de aplicar «la cordura, la reflexión y el análisis» para «ver la realidad».

Apostilló que su abandono de la junta directiva de la patronal no significa que Salamanca y sus empresarios no tengan «derechos y obligaciones» o que dejen de estar «representados» en ella.

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