La Junta mediará para alquilar viviendas a los que ganen entre 530 y 3.400 euros al mes

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente tiene muy avanzada la normativa que regula el nuevo Programa de Fomento del Alquiler, que se caracterizará por su 'giro' social y por ampliar la base de municipios que se podrán beneficiar de esta media. La Junta prevé ponerlo en marcha en el primer semestre para ofrecer viviendas de 90 metros cuadrados por un máximo de 473 euros al mes a aquellos que tengan ingresos superiores a 7.455,14 euros anuales e inferiores a 48.458,41 euros.

De esta forma, el departamento de Antonio Silván materializará el cambio de política de vivienda, que comprometió en la primera comparecencia ante las Cortes de esta legislatura. La Junta pretende aparcar la promoción de vivienda nueva, para apostar por la rehabilitación y el alquiler. Para ello, el Consejo de Gobierno dará luz verde en las próximas semanas al decreto que regula la puesta en marcha del nuevo plan, que aspira a formalizar más de un millar de contratos al año.

Fomento pretende unificar los programas y modificará los anteriores programas Revival (Reserva de Viviendas Vacías para Alquiler) y Bolsa de Alquiler de Jóvenes, puesto en marcha en las ciudades de Burgos, León, Salamanca y Valladolid. El objetivo de la Consejería es flexibilizar los requisitos exigidos a las familias o arrendatarios para que puedan acceder a una vivienda personas con menores ingresos.

Para ello, la Junta rebaja la cantidad mínima en 3.727 euros, fijándola en el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). Por lo tanto, será suficiente justificar una renta mensual de 532,05 euros (14 pagas) para poder alquilar una vivienda. Estos datos sobre la situación económica de los potenciales inquilinos, que revisará la Junta, serán una garantía para los arrendadores y servirán para que la vivienda se ajuste a la capacidad económica de sus moradores.

Garantías

De esta forma, el Gobierno autonómico pretende dar garantías a los propietarios sobre el inquilino, ya que la Junta pedirá a estos últimos que se inscriban en el Registro Público de Demandantes de Viviendas de Protección Pública de Castilla y León. Además, no podrán ser titulares de ninguna vivienda, ni haber estado implicados en procesos de desahucio por falta de pago. También, se restringirá a los que hayan causado graves desperfectos en alguna de las viviendas del programa autonómico de alquiler.

Otro de sus novedades será la renta máxima marcada para las viviendas, que fijará la Consejería de Fomento. De esta forma, los alquileres oscilarán, como máximo, entre los 473,04 en las ciudades de Burgos, Salamanca, Segovia y Valladolid; los 418,32 de Ávila, León, Palencia, Miranda de Ebro y San Andrés del Rabanedo, y los 400,32 de Soria, Zamora, Aranda de Duero, Laguna de Duero y Ponferrada.

Mediación

La Junta apuesta por la relación directa entre propietarios e inquilinos y no por la cesión a la Junta de las viviendas vacías para su salida al mercado del alquiler. No obstante, Fomento se encargará de supervisar el proceso de arrendamiento para dar seguridad a las dos partes. Así, se pone fin al anterior modelo, que se basa en la cesión de las viviendas durante cinco años a Provilsa.

Con el nuevo plan, las viviendas formarán parte de la oferta de la Junta hasta que se alquilen, durante un plazo máximo de dos años, transcurrido el cual, serán dadas de baja.

Aunque se exigirá una superficie máxima de 90 metros cuadrados útiles, se deja la puerta abierta a otras mayores si existe demanda por parte de familias numerosas. También, la Junta examinará las condiciones de uso y habitabilidad de las viviendas, pudiendo estar amuebladas o sin amueblar. Además, las que formen parte de edificios de más de 40 años deberán haber pasado la ‘ITV’ o inspección técnica de edificios, una revisión cuya base legal está siendo reformada.

Proceso

Los propietarios de viviendas que deseen contar con el apoyo de la Junta tendrán que remitir a la Dirección General de Vivienda y Urbanismo la solicitud para que el piso o la casa sean inscritos en el programa de Fomento del Alquiler. La Administración tendrá tres meses para atender su petición y examinar la documentación presentada que acredite la titularidad de la vivienda. Posteriormente, fijará el importe máximo de la renta y lo comunicará, dando un plazo de diez días para que sea aceptado.

A continuación, la Junta cerrará el proceso de inscripción y publicará en la web del programa los datos de la vivienda, el importe máximo del alquiler y unas fotografías que ilustren su estado y localización. Los interesados en las viviendas deberán ponerse en contacto con la Junta, quien facilitará el teléfono de contacto del propietario para que puedan visitarlas. Acordado el arrendamiento, las partes se lo comunicarán a Fomento para autorizar la firma del contrato, según el modelo que establezca el Ejecutivo autonómico.

El nuevo programa determina la obligación del inquilino de entregar una fianza y de asumir el pago de los gastos correspondientes a suministros y servicios, así como al alta y la baja de esas compañías. Por el contrario, establece que serán por cuenta del propietario el pago de la cuota de la comunidad de propietarios, del Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI).