Mudanzas educativas

Mientras damos por perdido el provecho de los recursos mineros y aplazada hasta no se sabe cuándo la llegada de la alta velocidad, otros mandobles nos alertan de que la pesadilla de los recortes puede arreciar. Parece que los estrategas de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría fueron avisados a tiempo de que las juntas vecinales no suponen gasto y ofrecen una gestión razonable de los bienes comunales, así que por esa vertiente, tranquilos de momento. Aunque la tregua no supone dejar de temblar. Habrá recortes ferroviarios en los servicios de cercanías y avalancha contra las mancomunidades.

El lobby de las provincias instalado en Madrid, con sus recreativos empleos de senadores o diputados, no admite que la inevitable reforma de la administración pase por alterar los equilibrios provinciales de poder. Para valorar su empuje, repárese en el número de provincias que agrupan la presidencia del partido gobernante y la de la Diputación en un mismo político. Cuando todavía las Cajas de Ahorros significaban algo operativo, se sumaba a la representación un alto puesto financiero. A partir de ahí, pueden entenderse muchas cosas. Por ejemplo, la resistencia numantina a que se ponga en marcha la Ordenación del Territorio autonómica, que afectará al despliegue de las administraciones. O visto desde otro lado, el empeño en que la nueva Ley de Bases de Régimen Local fagocite las mancomunidades de servicios, potenciando en cambio las Diputaciones.

No es un debate frugal, aunque pudiera parecerlo. Ya sé que este año se cumple el bicentenario de las Diputaciones. Pero precisamente por eso, puede ser el momento de centrar a cada institución en lo suyo. Es decir, al Gobierno de España en sus cosas y a las Autonomías y Administraciones Locales en las suyas. No todos dando codazos por ser la novia en la boda y el niño en el bautizo. Treinta años después del despliegue autonómico, se puede comprobar cómo la administración central no adelgazó al desprenderse de competencias, ni por abajo los ayuntamientos han alcanzado un sistema de financiación razonable. El resultado del proceso ha sido más bien un barullo, en el que cada cual trata de sacar pecho echando las culpas al vecino, que por lo general viene siendo el subalterno presupuestario.

A pesar de las apariencias, no hay ninguna garantía de que las reformas en marcha vayan a ser positivas para los intereses de un territorio que se caracteriza por su dispersión poblacional. Más que una alarma, trato de establecer una alerta. Sobre todo, cuando las tentativas de mudanza afectan a la Educación y ponen en grave riesgo su despliegue en igualdad de condiciones a todos los lugares donde haya un niño en edad de formación. La factoría de ocurrencias del ministro Wert ha diseñado una nueva ley educativa, que en realidad resucita el viejo proyecto de Pilar del Castillo. Esto ocurre cada vez que se produce un cambio de partido en la gobernación del país y de nuevo toca el padecimiento. Pero ahora con un agravante muy a tener en cuenta.

Porque resulta que su implantación en Castilla y León supondría un gasto adicional de 51 millones. En tiempo de recortes. Lo advierte la Junta. Y ahí no caben distracciones.