«La reforma local del Gobierno está en sintonía con la nuestra»
La Junta apuesta por las mancomunidades para los servicios.
Un momento de la rueda de prensa de De Santiago-Juárez.
El consejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo autonómico, José Antonio de Santiago-Juárez, reiteró ayer que el anteproyecto de ley del Gobierno para la racionalización y sostenibilidad de la administración local «está en sintonía» con el modelo de ordenación del territorio que ha presentado la Junta de Castilla y León, en el que se ofrece la herramienta de unión en mancomunidades para que los municipios presten de una manera más eficiente los servicios y cumplan a la vez con el principio de estabilidad en el gasto público.
De Santiago-Juárez valoró así en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno algunos aspectos del último texto que el Ejecutivo de Rajoy quiere aprobar el 25 de enero, entre ellos las mancomunidades o la retirada de competencias a entes municipales que no cumplan con la ley de Estabilidad Presupuestaria o con los parámetros de calidad en la prestación de los servicios.
Sobre la posible eliminación de mancomunidades, De Santiago-Juárez reiteró que «no se prohíbe nada» en esa normativa y defendió la validez del modelo de la Junta, que apuesta por la unión voluntaria de municipios para que sean más eficientes en los servicios que prestan a los ciudadanos.
Así, manifestó que el 76 por ciento de los 2.248 municipios de Castilla y León tiene menos de 500 habitantes y se les ofrece una herramienta, que es la creación de mancomunidades de interés general, acorde, en su opinión, con la ley que plantea el Gobierno.
En esa línea, puso en valor que la Junta se ha adelantado en la reorganización del mundo local y recalcó la defensa del municipalismo con las propuestas que han realizado en el anteproyecto de ley de Ordenación, Servicios y Gobierno en el Territorio, abierto a las alegaciones y colgado en el portal del Gobierno Abierto de la Junta.
Respecto del cumplimiento de la estabilidad, recordó que es un principio que se exige a todas las administraciones públicas, tanto al gobierno central como autonómicos y a los entes locales y provinciales.
No obstante, precisó que una vez aprobada la ley por el Congreso llegará una auditoria para ver si las entidades locales prestan los servicios bajo los estándares de calidad y a la vez cumplen con el déficit público, en caso de no ser así es cuando se producirá el traspaso de las competencias a una administración superior.