Herrera manifiesta su preocupación por las consecuencias de la reforma local
Alejandro Valderas le ha preguntado por el futuro de las 1.300 juntas vecinales que aproximadamente existen en la provincia de León, algo más de la mitad de las censadas en el territorio autonómico
El presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha expresado esta tarde su preocupación por las consecuencias que, para esta comunidad autónoma, tendrá en algunos aspectos la futura Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, cuyos criterios generales sí comparte.
Herrera, a preguntas del portavoz del Grupo Socialista, Óscar López, ha desvelado la existencia de un informe que el Ejecutivo autonómico remitirá al Gobierno central «con una valoración extensa y diversas alegaciones» a esa reforma de la administración local, actualmente en fase de anteproyecto de ley.
«Somos críticos en muchos aspectos en los que no vamos a estar de acuerdo y por los que estamos muy preocupados», ha reflexionado el presidente de Castilla y León ante el pleno de las Cortes regionales, razón por la cual solicitará la convocatoria inmediata de la conferencia sectorial para asuntos locales, «que es el lugar donde se deben debatir estas cosas», ha apostillado.
No obstante, ha matizado, «no podemos navegar en contra de la corriente de la aplicación de los principios generales» de la futura ley, con los que sí está de acuerdo y que tienen que ver con la clarificación de competencias, racionalización de estructuras administrativas, evitación de duplicidades, control financiero y presupuestario, y rendición de cuentas.
«Se trata de una reforma necesaria», ha insistido antes de glosar las discrepancias con el anteproyecto presentado en la reunión del Consejo de Ministros del pasado 15 de febrero.
El principal punto de discrepancia radica en la premura de plazos, de unos pocos meses, que la norma establecerá para las entidades locales menores -pedanías y juntas vecinales- dentro del capítulo de evaluación de servicios y competencias, de obligaciones presupuestarias, contables y rendición de cuentas públicas.
«Estamos apoyando a los ayuntamientos para una mejor financiación de esas entidades menores que tienen a su cargo, pero también con líneas políticas y económicas para las oficinas de orientación y asesoramiento a los municipios que mantienen las diputaciones provinciales, para que puedan cumplir con sus obligaciones», ha manifestado.
Con los mismos argumentos ha respondido al portavoz del Grupo Mixto, Alejandro Valderas (UPL), cuando éste le ha preguntado en el pleno por el futuro de las 1.300 juntas vecinales que aproximadamente existen en la provincia de León, algo más de la mitad de las censadas en el territorio autonómico (2.227).
«Queremos más, a ser posible todo por escrito y pasado al Boletín Oficial (BOCYL)», se ha escamado Valderas ante el clima de consenso suscitado en los primeros compases del pleno y que han ponderado, en ocasiones con ironía, las bancadas de los grupos de oposición (Socialista y Mixto -UPL e IU-).
Para Valderas, «parece que se están abandonando a las juntas vecinales a su suerte, dejándolas caer para precipitar una desaparición que no ahorraría ningún dinero», ha sostenido.
Óscar López, quien ha agradecido el apoyo de Herrera, ha pedido la articulación de un frente común» contra la futura ley de la reforma local, que considera «lesiva y letal» para los intereses de Castilla y León, ya que los servicios públicos que prestan los pequeños municipios «desaparecerán o serán privatizados».
Herrera le ha recordado que, con su silencio cómplice (el de Óscar López), el anterior ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui (PSOE), anunció en Valladolid en octubre de 2011, la necesaria supresión de municipios mediante fusiones entre sí y la supresión de diputaciones.