Una segunda oportunidad
. Unas 3.000 personas realizaron el año pasado trabajos en beneficio de la comunidad por delitos sobre todo contra la seguridad vial y por violencia de género .
Santiago Mendoza, voluntario de Protección Civil en La Granja.
«Había bebido y dí positivo en un control de alcoholemia». Lo dice, ahora ya con una sonrisa en su cara y sin vergüenza ninguna entre sus compañeros, Santiago Mendoza, un segoviano de Carbonero el Mayor al que la vida le ha dado una segunda oportunidad. Ha sabido aprovechar la condena ordenada como TBC -trabajo en beneficio de la comunidad- en la Agrupación de Protección Civil de La Granja de San Ildefonso, pues ahora trabaja en una empresa que elabora tortillas y platos preparados en Mudrián y los fines de semana, y en ocasiones a diario, acude como voluntario, a desarrollar la misma labor que ejerció por mandato judicial.
«El trabajo me gustó. Ahora soy voluntario y no quiero dejarlo porque me han tratado bien y porque me siento bien ayudando a la gente. En jardinería, limpiando calles, podando árboles, arreglando un adoquín, tapando un grafiti o esparciendo sal cuando nieva. No cobro ni un euro por hacerlo, pero estoy a gusto», sostiene.
En ocasiones también participan en la instalación de algunas estructuras para la celebración de actuaciones, o también organizan actividades extraescolares con niños y con discapacitados. Incluso, en más de una ocasión han requerido su trabajo para asistir como voluntarios de seguridad a los grandes premios de Motociclismo de Cheste (Valencia).
Santiago Mendoza es uno de los cerca de 3.000 que desarrollaron trabajos en beneficio de la comunidad en Castilla y León el año pasado. De las sentencias, casi la mitad se corresponden con delitos por la seguridad vial, y una cuarta parte, por violencia de género. El resto incumplieron la ley de otro modo.
Para facilitar el cumplimiento de los TBCs, el departamento de Jorge Fernández Díaz mantiene suscritos en la actualidad diferentes convenios con ayuntamientos, de forma directa o a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), para que aquellos que cometen este tipo de delitos menores puedan cumplir su condena con trabajos que sean competencia de los consistorios, tales como jardinería y conservación. En Castilla y León, las entidades locales ofrecen 667 plazas, la mayor parte en las capitales de provincia, de las que cada una de ellas puede ocuparse por más de una persona.