La Junta no corregirá la caída del PIB prevista y augura una mejoría en verano

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, afirmó ayer que no corregirá la previsión económica del Presupuesto General de la Comunidad para este año, que recogía un decrecimiento del PIB (Producto Interior Bruto) del 0,9 por ciento.

Además, apuntó que si después del verano la evolución económica experimenta una mejoría se podría cumplir la estimación, aunque admitió una posible desviación de algunas décimas.

De Santiago-Juárez explicó en la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno que la Junta nunca ha revisado a mitad de año sus previsiones económicas, ni en épocas de bonanza, ni ahora con la crisis.

El portavoz indicó que las estimaciones del Gobierno autonómico fueron «más realistas» que las del Ejecutivo central, que preveía una contracción del 0,5 por ciento, frente al 1,5 por ciento que podría registrarse este año.

Asimismo, el consejero sostuvo que la previsión de la Junta fue «más acertada», aunque reconoció, tal y como ha adelantado la titular de Hacienda, Pilar del Olmo, que la evolución de los primeros meses de 2013 indica que la caída del PIB podría elevarse hasta el 1,2 por ciento.

Comentó también que el Gobierno de España no ha respondido todavía al informe de alegaciones que la Junta de Castilla y León envió en marzo sobre el anteproyecto de ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, según indicó ayer el consejero de la Presidencia y portavoz.

En ese sentido, De Santiago-Juárez reconoció no tener «noticias» del informe, en el que también se pedía la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Asuntos Locales, y recordó que el Consejo de Estado no ha revisado todavía el anteproyecto.

Entre los aspectos de los que discrepa la Junta, están el plazo que se da de tres meses a las entidades locales menores para la rendición de cuentas y la definición de las competencias impropias, donde el Ejecutivo autonómico no incluye las funciones de educación y sanidad que se gestionan desde los ayuntamientos.

También, el Gobierno autonómico ha pedido más «sensibilidad» para el trabajo de alcaldes y concejales, la mayoría sin dedicación exclusiva. Precisamente, la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) envió hace semanas otro informe de alegaciones en el que pedían un tratamiento «especial y diferenciado» para los municipios de la Comunidad sobre el criterio del tamaño y que se reconocieran a los alcaldes de poblaciones de menos de 1.000 habitantes el derecho a una remuneración de unos 10.000 euros brutos al año.