Herrera defiende que la tasa de litigiosidad de la Comunidad es inferior a la media nacional
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, defendió hoy que la tasa de litigiosidad de la Administración autonómica está por debajo de la media nacional y no admitió la aseveración de Alejandro Valderas (UPL) que estimó «significativa» el número de sentencias negativas que recibe el Ejecutivo autonómico.
Valderas llevó en su pregunta ante el pleno de las Cortes al presidente lo que considera como un número elevado de sentencias contra la Junta y la «reincidencia» de algunos consejeros así como la falta de ejecución, al limitarse en su opinión a «retocar» las mismas. «La Junta administra mal, no es transparente y engaña a los administrados», denunció.
«La mayor parte de las actuaciones de la Junta no se recurren porque se dictan conforme a derecho y en defensa de los intereses de Castilla y León», sostuvo el presidente, que tachó de inadsumible la » generalización» del procurador, quien replicó que hay 200 sentencias en dos años y 70 casos de corrupción conforme a la última memoria del Consejo General del Poder Judicial.
El parlamentario se adentró en precisar algunas de las sentencias por consejerías y el presidente le retó a plantear el caso concreto al que se podía referir, mientras que le recordó casos de corrupción en sus filas. «No sé si se ha querido mover por un caso que no ha querido plantear», aseveró Herrera.
Para rebatir que la litigiosidad de la Junta sea elevada, recordó que son 161 asuntos por 1.000 habitantes frente a los 191 a nivel nacional según la memoria del CGPJ y añadió que las sentencias a su favor son más elevadas que las contrarias. Ante la pregunta del procurador sobre la actuación del Gobierno autonómico, manifestó que examinar los expedientes para que estén bien informados, potenciar la formación de los empleados públicos y tomar en consideración los criterios de los tribunales y de otras instituciones como el Procurador del Común.
El presidente puso como ejemplo las actuaciones médicas del Sacyl y subrayó que de 33 millones realizadas sólo hubo 2.525 reclamaciones, 944 en vía judicial y 651 en resolución administrativa, 183 estimadas y el resto no. El procurador censuró que algunos consejeros se consideran por encima de la ley, al ser reincidentes o «retocar» las mismas, casos en los que citó al consejero de Fomento y Medio Ambiente y a la consejera de Cultura y Turismo.