La FRMP promueve que las entidades locales creen pisos para desahuciados
El acuerdo con la Junta se dirige a la generación de fondos de vivienda en alquiler.
Miguel Ángel García Nieto y Milagros Marcos, durante la firma del convenio.
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, y la Federación Regional de Municipios y Provincias suscribieron ayer un convenio marco de colaboración para impulsar el Servicio Integral de Apoyo a las Familias en Riesgo de Desahucio que, entre otras medidas, contempla que la FRMP promoverá que las entidades locales de la Comunidad creen fondos sociales de viviendas en alquiler con prioridad para las personas atendidas en este programa, así como su adhesión al Fondo Social de Viviendas creado por el Estado, informó Ical.
«Es un paso más en la colaboración entre la Junta y la Federación Regional de Municipios y Provincias para ayudar a las personas que más lo necesitan», destacó la titular de Familia, Milagros Marcos, mientras que el presidente de la FRMP, Miguel Ángel García Nieto, apostilló que este acuerdo «pone más orden» en las actuaciones que ahora mismo están desarrollando la Administración autonómica y las corporaciones locales para que «las familias que están en una situación tan angustiosa puedan tener un marco más claro para poder salir de ella».
Marcos destacó que el programa de apoyo a las familias en riesgo de desahucio «está demostrando buenos resultados», con 843 casos atendidos en sus seis primeros meses, de los cuales 355 ya han concluido, con el 91% resueltos (50 tras la interlocución de la Junta con las entidades financieras acreedoras y los 273 restantes sin tener que recurrir a ella), pero que con el convenio firmado ayer quieren implantar «nuevas medidas de impulso y homogeneizar otras» en las que ya se está trabajando, con el objetivo de que «nadie pase un día sin techo».
Fondo estatal
Así, por una parte se quiere impulsar el alquiler social de viviendas para las personas que pierdan su casa, para lo que la FRMP se compromete a promover la adhesión de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y de las diputaciones provinciales de Castilla y León al convenio para el Fondo Social de Viviendas creado por los ministerios de Economía y Competitividad, Sanidad y Servicios Sociales, y Fomento para acoger a las personas desahuciadas, algunos de los cuales ya se han sumado a esta medida. Esas viviendas se pueden alquilar por un máximo de dos años, con una renta de entre 150 y 400 euros al mes, con un límite del 30 por ciento de los ingresos netos de la unidad familiar.
Al mismo tiempo, la federación promoverá que esas entidades locales creen sus propios fondos sociales con viviendas de su propiedad, dando prioridad en su alquiler a las familias incluidas en el servicio de desahucios, y que lleven a cabo una suspensión cautelar de las liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalías) en los casos de dación en pago y ejecución de vivienda única y habitual al menos durante los años 2013 y 2014.
Por otra parte, se van a «agilizar los tiempos de respuesta y homogeneizar los criterios» en toda la Comunidad. Así, en primer lugar se establece el compromiso de la FRMP de impulsar mecanismos para garantizar que las personas que llamen al 012 pidiendo ayuda sean atendidas en una primera entrevista con los profesionales de este programa en un plazo no superior a una semana.
Además, la Gerencia de Servicios Sociales va a elaborar un modelo de informe social normalizado para su uso en las 30 oficinas locales del servicio, que se emitirá en un plazo de diez días y que homogeneizará los criterios a la hora de decidir qué recursos necesita cada familia (vivienda social, ayudas de emergencia social, red de distribución de alimentos, Renta Garantizada de Ciudadanía, programa personal de integración y empleo, etc.).