Los sindicatos piden 300 euros para vivienda dentro de la renta garantizada

UGT y CCOO han reclamado esta semana a la Junta de Castilla y León la «actualización» de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) con una nueva línea de ayudas a la vivienda y el incremento de la partida total hasta los cien millones de euros para 2014, el uno por ciento del presupuesto autonómico, en lo que consideran una «propuesta de mínimos firme y realista» que la Junta ha acogido, de momento, con «distancia y lejanía».

Ambos sindicatos presentaron el lunes, por escrito, y el miércoles, en persona, su revisión de la Renta Garantizada de Ciudadanía, que pasa por la inclusión de un nuevo apartado, la «Garantía básica de vivienda», con ayudas al alquiler o el pago de una hipoteca de hasta 300 euros al mes, según detallaron el secretario de Acción Sindical y la secretaria de Políticas Sociales de CCOO, Vicente Andrés y Bernarda García, y la secretaria de Política Social y Salud Laboral y el secretario de Política Institucional y Territorial de UGT, Carmen Campelo y Óscar Lobo.

Entre las condiciones de esta prestación, recogidas ayer por la agencia Ical, los sindicatos han incluido que todos los miembros de la unidad de convivencia estén en desempleo, que el conjunto de sus ingresos sea inferior a los 900 euros, que el importe de las cuantías no sea superior al 45 por ciento de sus ingresos o, en el caso de serlo, que no supere la cuantía máxima de la ayuda, fijada en los citados 300 euros.

CCOO y UGT también plantean que esta nueva ayuda esté disponible para no preceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía, como aquellas en tramitación de desahucio de su vivienda habitual cuyas cuotas supongan al menos un 45 por ciento de sus ingresos y la vivienda no tenga carácter suntuario. La duración de la ayuda sería de un máximo de tres años, con el objetivo de no ser desalojados y, en caso de serlo, para que sirva de ayuda al alquiler de otro alojamiento.

Las administraciones, según proponen los agentes sociales, podrán solicitar la devolución sin intereses de esta ayuda, que tampoco excederá los 300 euros mensuales, cuando las circunstancias de la unidad familiar hayan revertido y en un plazo de diez años.

Con el objetivo de «ampliar la cobertura» y llegar a más solicitantes —actualmente perciben Renta Garantizada de Ciudadanía 6.148 castellanos y leoneses de los 29.300 que han tramitado solicitud—, los sindicatos propusieron un aumento de la partida total de los 33 millones actuales —45 con las ayudas de emergencia y el Programa de Integración y Empleo (PIE)— a los cien millones para 2014, con el objetivo de que la reforma de la RGC no se quede «en cuatro retoques, una capa de barniz y cartón piedra», en palabras de Óscar Lobo.

«La pobreza se está extendiendo como una mancha de aceite y no precisa de la caridad o la beneficencia sino de derechos sociales”, matizó el sindicalista de UGT, para quien esta reforma de la Renta de Ciudadanía podría suponer “uno de los momentos más trascendentales del diálogo social en sus diez años de historia».

Por su parte, Vicente Andrés reclamó que el procedimiento legal para acometer estas modificaciones sea «el decreto ley» y no una tramitación ordinaria, para así evitar esperar «ocho, diez o doce meses». La renta es «la última red de seguridad para aquellos que no tienen nada», recordó el sindicalista de CCOO, firmemente convencido de la necesidad de «actualizar» un sistema de ayudas que se creó en 2008, «el momento de mayor expansión económica de España».