El Gobierno firma el cese de Garoña y Nuclenor activa el desmantelamiento

«A partir de este momento la situación administrativa de la central es la de cese de actividad y comienzo de la fase de predesmantelamiento de la instalación, que tendrá una duración aún no definida». Con estas palabras la gestora de Garoña -Nuclenor- respondía, mediante un comunicado difundido en la tarde de ayer, a la orden ministerial por la que se decretaba el fin de la explotación.

Hoy será el último día de la central nuclear, pero su futuro aún es incierto desde ambas posturas. El Gobierno dice estar empeñado en realizar los cambios normativos necesarios para que pueda reactivarse incluso en un año. Mientras que la eléctrica Nuclenor -participada al 50% por Endesa e Iberdrola- insiste en que no tomará «decisiones irreversibles para la operatividad de la central burgalesa». A la vez que mantiene a toda su plantilla en sus puestos, «ya que no renuncia a la posibilidad de solicitar una renovación de la autorización», añade.

No sólo la incertidumbre sobre el destino de Garoña es un punto de coincidencia entre las partes en conflicto, también lo es la razón crucial de esta decisión: económica. Los nuevos impuestos sobre la generación de energía y los residuos nucleares creados en 2012 por el Gobierno Central desataron la tensión y han provocado, de hecho, la paralización de la planta desde el pasado 16 de diciembre.

Modificaciones

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, informó ayer de la firma, por parte del secretario de Estado de Energía Alberto Nadal, de la orden gubernamental que hace efectivo el cierre de la central nuclear a partir de hoy. Confirmó también que se van a introducir modificaciones en esta normativa energética que permitirán que Garoña pueda renovar su licencia de explotación transcurrido un año de la declaración del cese, «dado que su cese obedece a razones económicas y no de seguridad», informó Efe.

Explicó que la declaración de cese de actividad supone, asimismo, una autorización de explotación en la que se establecen las actividades y en qué condiciones deben ser realizadas por la empresa, hasta disponer de la autorización de desmantelamiento.

De acuerdo con el futuro real decreto, dicho cese de actividad tendrá, desde la propia fecha en la que surta efectos su declaración, carácter definitivo cuando haya estado motivado por razones de seguridad nuclear o de protección radiológica.

En otro caso, el titular podrá solicitar, a fin de reanudar la actividad, la renovación de la autorización de explotación dentro del plazo de un año. Transcurrido dicho plazo sin que haya tenido lugar dicha solicitud, la declaración de cierre adquirirá, igualmente, carácter definitivo.

Decisión de junio

El ministro José Manuel Soria ya avanzó el pasado 19 de junio que se trabajaba en la orden que determinaba el cese de explotación y cierre de Garoña porque la «modificación» del plazo de autorización que solicitó Nuclenor «no había podido ser conseguida». Por otro lado, desde Nuclenor reiteran en su escrito el hecho de que a este cierre se ha llegado a causa de la entrada en vigor de la nueva Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética, «ya que su aplicación supone un aumento de los costes de la central en más de un 30 por ciento», cifra.

Nuclenor no renueva

En concreto, supone un pago de más de 152,3 millones de euros derivados de la subida en la generación de energía eléctrica en un 7%, y del pago de más de 2.000 euros por kilo de residuo generado, así como por las obras de remodelación a los que obligaba la normativa tras el accidente de Fukushima. Todo ello en opinión de los responsables de Nuclenor, entidad presidida por José Ramón Torralbo, «hace inviable seguir con la actividad». La empresa decide en septiembre de 2012 no solicitar la renovación del permiso de explotación, para en diciembre, desconectarse de la red.

Nuclenor recuerda en su nota que a pesar del horizonte incierto que se cernía sobre la central -desde que en 2009 el Gobierno presidido entonces por José Luis Rodríguez Zapatero aprobara su cierre para julio de 2013, la empresa realizó en ella inversiones por 50 millones de euros e incorporó otras 25 personas a su plantilla, la cual forman hoy 290 trabajadores.