Castilla y León más cómoda con la nueva ‘confección’ de la reforma local

Primero fue el aluvión de críticas que le llovió desde todos los rincones de España, de comunidades y ayuntamientos, sin distinción de color político. Y después le enmendó la plana el Consejo de Estado con un dictamen demoledor, que cuestionaba, por posible inconstitucionalidad, hasta los cimientos mismos de su reforma local.

El titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, se ha apeado del burro y ha accedido a corregir sustancialmente el anteproyecto de ley de la polémica, el llamado de «racionalización y sostenibilidad de la Administración local».

El ministro ha tomado de nuevo las medidas al mundo local y ha reparado, ahora sí, en las peculiaridades que presenta el de Castilla y León.

La Junta ya se las había resumido por escrito, en un «informe muy crítico», que le hizo llegar en marzo, y las Cortes habían avalado sus tesis.

Ahora, tras la nueva confección de la reforma, el traje le sienta mejor a esta Comunidad. Tanto, que el Gobierno autonómico considera satisfechas «el 90%» de sus reivindicaciones ante el Ministerio, si bien sigue prefiriendo su modelo, el proyecto de ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del territorio.

El propio Montoro comunicó ayer al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, los cambios introducidos en el anteproyecto legislativo y le informó de que el viernes tiene previsto llevarlo para su aprobación al Consejo de Ministros.

El jefe del Ejecutivo autonómico acudió a las dependencias de Hacienda, en Madrid, acompañado por los consejeros de la Presidencia y Hacienda, José Antonio de Santiago-

Juárez y Pilar del Olmo, respectivamente, los mejores asesores posibles para los temas que abordó con Montoro.

La modificación más sustancia sobre el texto debatido de la reforma local tiene que ver con el concepto de «coste estándar» como referencia para cuantificar los fondos públicos que absorbe la prestación de cada servicio. El texto corregido vuelve al parámetro que en los últimos años ha servido, sin discusión, para los traspasos de competencias entre administraciones: el «coste efectivo».

El Consejo de Estado ya había alertado al Ministerio de que, dada la heterogeneidad de los municipios en España, el coste de la prestació de los servicios no debía hacerse sólo en función de su tamaño o la densidad de población, sino también de su orografía, su estructura económica o el enjevecimiento demográfico. Argumentos idénticos a los que había expuesto tiempo atrás el Gobierno de Herrera. Su portavoz señaló ayer que está corrección en la reforma local es «fundamental» para Castilla y León, hasta el extremo de que, pese a que Montoro no ha accedido a incluir en el anteproyecto de ley una disposición adicional para otorgar a la Comunidad un «tratamiento específico» —como pedía la Junta—, De Santiago-Juárez consideró que en ese «coste efectivo» «se ve el trato diferenciado». «Ya están reconociendo lo que necesitábamos», agregó.

Quedarán también los superpodere que otorgaba a las diputaciones, que debían asumir durante cinco años las competencias de los ayuntamientos ineficientes. «Se relativiza su papel, se suaviza, y eso es important porque nosotros no queríamos municipios vacíos de competencias», subrayó el consejero de la Presidencia, quien agregó que se esfuma también el Consejo de Alcaldes. En sintonía con lo anterior, las autonomías que tienen atribuida la tutela financiera, caso de Castilla y León, tendrán una «mayor participación» en las tareas se asesoramiento a las corporaciones locales. El ministro accede también a «flexibilizar los plazos» para que las autonomías asuman las competencias en Sanidad, Educación y Servicios Sociales por el mantenimiento de las instalaciones, aunque ayer no concretó cómo a Herrera, al indicar que hoy lo rematará en una reunión con la Federación de Municipios y Provincias.

A medias

Y aquí Montoro respeta, a medias, la petición de la Junta, que sí, reclamó más tiempo, pero pidió además una moratoria extra de un año para Castilla y León.

Tampoco ha escuchado el ministro a Herrera cuando le presentó su modelo de mancomunidades de interés general —que respeta pero no imita—, como la herramienta útil para ayudar a los municipios a ganar eficiencia mediante la asociación voluntaria. «En la reforma local hay mancomunidades, pero no las que proponemos». En este argumento hizo hincapié para afirmar que, aunque la reform local de Montoro es «compatible» con el modelo autonómico, «no quiere decir que guste» a la Junta. «El que nos gusta es el nuestro», indicó. No obstante, De Santiago-Juárez valoró que el nuevo texto «avanza» y «se va orientando en la línea» que defiende Castilla y León.