El Procurador del Común propone subir un 50% el IBI de las casas vacías

El Procurador del Común propone aplicar un recargo del 50% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a las viviendas vacías o desocupadas, en línea con lo aprobado por varios países europeos y comunidades, entre ellos recientemente Andalucía. Para ello, la administración estatal debe regular este nuevo concepto impositivo, lo que permitiría a los ayuntamientos cobrarlo con el objetivo de reducir el stock generado por la crisis y garantizar el acceso a una vivienda «digna» y «adecuada» a los ciudadanos, informa Ical.

Esta iniciativa forma parte de una batería de 25 medidas que el Procurador sugiere en una resolución amplía, que condensa tres actuaciones de oficio en materia de vivienda. El Común desgrana los ejes sobre los que deben «pivotar» las políticas de la Junta y plantea la necesidad de avanzar en cambios normativos y tomar medidas para fomentar el alquiler, movilizar las viviendas protegidas y atender a las personas que han perdido su vivienda por impago de la hipoteca o el alquiler, en línea con el plan urgente (2013-2015) que diseña la Junta.

El Procurador considera cinco medidas para reducir el número de viviendas vacías, que en la Comunidad se estiman en unas 258.451, el 15% del total. Demanda al Gobierno central que establezca el procedimiento para que una vivienda pueda declararse como «desocupada». Con ello, se dejaría abierta la puerta a los ayuntamientos para que graven con un recargo de hasta el 50% aquellas casas sin moradores, de acuerdo a la Ley de Haciendas Locales (2004).

Propone a la Junta que el nuevo plan autonómico de vivienda, que le urge a aprobar «en breve», establezca el procedimiento para declarar una vivienda como vacía, con el objetivo de que se destine al alquiler. Indica al Ejecutivo que debe definir los criterios para determinar la falta de ocupación y fijar el tiempo de desocupación para que pueda considerarse la vivienda como vacía. Plantea la posibilidad de que se consideren una actuación protegida para que puedan ser arrendadas.

Reducción de viviendas

Otra de las medidas para reducir el stock de 40.000 viviendas es la posibilidad de calificar como vivienda protegida aquellas libres en construcción o finalizadas, en línea con el plan que la Junta lanzó en marzo de 2010 para facilitar su salida al mercado, aunque con escaso éxito entre los promotores privados. También aborda la problemática de las ejecuciones hipotecarias en la Comunidad, donde se registraron 2.834 en 2012, así como 609 daciones en pago. La institución castellana y leonesa, que preside Javier Amoedo, se suma al proyecto de la Junta que pretende reservar el 30% de las viviendas de titularidad pública, tanto de la Junta, como de los ayuntamientos, para crear un parque que le permita dar un techo a las personas o familias que se hayan quedado sin su vivienda o no puedan alquilar o comprar una.

El Común sugiere la creación de instrumento complementario al Fondo Social de Viviendas en Alquiler, formado por viviendas cedidas por el sector bancario, para familias en riesgo de desahucios, y pide la adhesión de los ayuntamientos a esta iniciativa.

Pide desgravaciones en el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados en las modificaciones de los créditos hipotecarios, que no puedan ser asumidos para establecer un alquiler con opción a compra. Considera oportuno aprobar el mecanismo de la dación en pago de las viviendas protección, lo que supondrá la adquisición de la cada por parte de la entidad financiera.