Un pretendido ahorro que no es necesario en Castilla y León
Dos políticos populares y un socialista coinciden en que la reforma local abre un abanico muy amplio, tanto en las retribuciones de alcaldes como en dedicaciones exclusivas y asesores, que está muy alejado de la realidad de Castilla y León
«La reforma local es hija de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y surge en una época de crisis, por lo que es muy exigente con las entidades locales», afirma el presidente de la Diputación de Zamora, Fernando Martínez Maillo, también vicepresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Maillo añade que la «problemática de los sueldos y de los asesores», al igual que de las dedicaciones exclusivas, «no se da en Castilla y León», pero sí se produce en otras zonas del país, «donde con la entrada en vigor de la ley se producirán recortes».
El alcalde de Valladolid se centra en el número de asesores que permite la ley, de por sí muy por encima de los que existen en las entidades locales de la Comunidad. «Si en un proyecto de austeridad se establece un número tan elevado, es porque habrá ayuntamientos que tendrán una cantidad disparatada de liberados que será preciso reconducir».
En opinión de Juan José Zancada, secretario autonómico de Política Municipal del PSOE, «el supuesto ahorro que pretende la ley en Castilla y León no se va a producir». El modelo diseñado por el Ministerio de Hacienda revela, según Zancada, que «se ha legislado desde el departamento de Montoro, o pensando solo en Madrid, sin conocer la realidad de Castilla y León».
El político socialista también cuestiona que las diputaciones ganen más competencias porque, en su opinión, esto derivará en la privatización de servicios. «Está pensado para que se haga negocio con los servicios en el medio rural y supondrá una pérdida de calidad de vida para los vecinos», opina.
Según Martínez Maillo, será al contrario. Al centralizarse servicios en las diputaciones se podrán abaratar costes sin que ello afecte a la calidad.
«Acepto el refuerzo de las diputaciones pero no lo comparto», afirma Javier León de la Riva, para quien el argumento de que son imprescindibles «cae por su propio peso» desde el momento en que hay comunidades uniprovinciales que cumplen sin problemas las funciones de las instituciones provinciales.