Diario de León

El juez amplía sus imputaciones por el ‘caso Nozar’ al director general de Ceiss

Un acta de Caja Duero refleja que Fermoso reconocía que despachada temas inmobiliarios con De la . Vega.

El actual director general de Banco Ceiss, José María de la Vega, en una imagen de archivo.

El actual director general de Banco Ceiss, José María de la Vega, en una imagen de archivo.

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FERNANDO LáZARO | Valladolid
León

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Nueva vuelta de tuerca en el ‘caso Nozar’. El Juzgado de Instruccion número 52 de Madrid ha citado como imputado al actual número dos de Banco Ceiss, Jose María de la Vega Carnicero, director de Desarrollo Corporativo de Caja Duero en 2008, cuando la entidad desarrolló dos operaciones ruinosas con la inmobiliaria Nozar.

El actual director general del banco tendrá que acudir a los juzgados madrileños de la plaza de Castilla para declarar por estas dos operaciones realizadas en 2008 por un montante global de 90 millones de euros con la constructora Nozar, según ha podido saber de fuentes jurídicas DIARIO DE VALLADOLID/EL MUNDO.

La clave de esta nueva imputación la ha encontrado el juez en el acta de una sesión ordinaria del consejo de administración de Caja Duero celebrado el 25 de septiembre de 2008, meses después de que se efectuara la «operación Nozar», en donde se recoge textualmente que el presidente (...) sí despacha con la directora de Comunicación y Relaciones Institucionales y con el director de la División de Desarrollo Corporativo [José María de la Vega Carnicero], solamente los asuntos de Recursos Humanos y algunos de ámbito más institucional, como los referidos a inmuebles. «En estas dos esferas de mi intervención directa», agrega Fermoso, según recoge el acta, son «en las únicas en que no media la directa intervención del director».

Estas últimas frases son las que han motivado que se cite como imputado al actual director general de Banco Ceiss.

El organigrama de Caja Duero en 2008 revela que, por debajo del director general, Lucas Hernández, se situaba inmediatamente después De la Vega Carnicero, entonces responsable de la división de Desarrollo Corporativo, del que dependía directamente el responsable de Infraestructura, Juan Carlos Marín, la dirección adjunta de este área, a cargo de Vicente Otaduy Irazu, y el responsable de Gestión Inmobiliaria, Ignacio Millán Gómez.

El proceso judicial que afecta a la antigua Caja Duero se inicia cuando Banco Ceiss comienza a revisar —mediante un gabinete jurídico externo— operaciones de los antiguos directivos que pudieran haber conducido a la entidad a deteriorar sus cuentas, después de que el Banco de España y el auditor Oliver Wyman se hubiesen fijado en dos operaciones por importe de 90 millones de euros con Nozar, por las que la entidad salmantina compró en marzo de 2008 un edificio de oficinas a la constructora en la calle Titán de Madrid por 55,8 millones de euros, asumiendo la Caja el precio del vendedor sin encargar una tasación propia del edificio y muy por encima de los 40 millones de una valoración posterior.

Un mes después, Caja Duero concedió un crédito de 34,5 millones de euros a Nozar, que la constructora avaló con tres filiales del grupo: Aguas de Panticosa, Marcos Sotoserrano y Qualia Lacteas, las tres con unas cuentas que revelaban su insolvencia y con pérdidas continuadas desde mucho antes de la operacion. Nozar, además, atravesaba en marzo de 2008 una situación grave de insolvencia que se traduciría el 21 de noviembre de ese mismo ano en la declaración de concurso de acreedores, con un pasivo superior a 4.000 millones de euros.

Dos altos directivos de Caja Duero, Antonio Sánchez (director de Riesgos con categoría de director general adjunto) y José Luis de la Mano (director de Banca de Empresas) apuntaron, en su declaración ante el juez el pasado 12 de junio en el Juzgado 52 de Madrid, que ambas operaciones se desarrollaron por indicación de los dos máximos ejecutivos de la Caja. El Juzgado les llamó a declarar como imputados porque los informes de ambos casos con Nozar llevaban su firma.

La investigación se desarrolló con la máxima celeridad por consejo del gabinete jurídico externo que contrató el banco, para evitar que los posibles delitos prescribiesen al pasar cinco años desde que se desarrollaron ambas operaciones.

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