El PP sopesa mantener la gestión de los consultorios médicos en los municipios
El Grupo Popular en el Congreso proyecta dos enmiendas sobre la reforma local .
Consultorio médico de Viana de Cega, en una imagen de archivo.
A pocas horas de expirar en el Congreso el plazo de presentación de enmiendas a la reforma local del Gobierno, el Grupo Popular en las Cortes Generales sopesa proponer dos modificaciones relativas al traspaso de competencias regulado en el proyecto legislativo, que responden, aunque sólo parcialmente, a algunas demandas de la Junta.
Según ha podido saber este periódico de fuentes del PP nacional, los cambios van orientados a mantener definitivamente la gestión de los consultorios de salud en manos de los ayuntamientos y aplazar de un año a dos el traspaso de las residencias de mayores a las comunidades.
La primera enmienda afecta a los consultorios locales. De acuerdo con la norma de Montoro, las comunidades debían asumir la construcción, conservación y mantenimiento de estas infraestructuras sanitarias –ahora en manos de los ayuntamientos– de forma «progresiva» y en el «plazo máximo de cinco años».
Los populares en el Congreso plantean que los consultorios sigan siendo competencia municipal, de los que se harán cargo los ayuntamientos con el auxilio de las diputaciones, más reforzadas. Técnicamente, esto sería posible modificando la redacción del articulado para que estos centros sean considerados un servicio «asistencial» y no sanitario.
Esta especie de resquicio legal satisfaría una de las demandas del Ejecutivo de Juan Vicente Herrera, que cifró en 30 millones de euros anuales para las arcas de la Junta el impacto de asumir la gestión de los 3.600 consultorios rurales, una media de 15 por zona de salud, cinco veces más que en el resto de autonomías.
En peligro
El portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, llegó a advertir el pasado jueves de que, si la reforma de Montoro no se enmendaba en este sentido, los consultorios corrían peligro. Como recordó, la Junta tiene obligación por ley de mantener los centros de salud, pero los consultorios son un servicio añadido, en aras de garantizar una mejor cobertura a una población dispersa, que es exclusivo de algunas comunidades.
Y ayer, en el Pleno de las Cortes, el propio presidente se preguntaba si esos traspasos competenciales «urgentes» en Sanidad, Educación o Servicios Sociales, regulados en la norma, pretendían en última instancia hacer «desaparecer» estos servicios o «matar moscas a cañonazos».
Y es que no sólo los consultorios locales quitan el sueño a la Junta. También la gestión de las residencias. Y en esa dirección va la segunda enmienda que sopesa registrar hoy el Grupo Popular en el Congreso, para que su traspaso a las autonomías no se haga en un año –como dice el proyecto de ley–, sino en dos.
Una modificación que se queda corta frente a las pretensiones del Ejecutivo autonómico, que reclamaba cinco años para hacer efectivo el traspaso.