El Plan de Pago a Proveedores destina 453 millones a los ayuntamientos de Castilla y León

 

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cifró hoy en 11.563 millones de euros el dinero que el Plan de Pago a Proveedores, en sus tres fases, ha destinado al pago de facturas atrasadas en los diferentes ayuntamientos de España de los que 453 corresponden a municipios de Castilla y León. Según Montoro, que ha defendido la Ley de Reforma Local en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, la última fase del Plan de Pago a proveedores comenzará a cobrarse “en unos días, a principios de diciembre”. De esta manera, todos los municipios quedarán “completamente limpios de facturas pendientes”.

Según el ministro de Hacienda, el Plan de Pago a Proveedores demuestra el compromiso del Gobierno con las administraciones locales, a las que ha dedicado una “atención financiera muy importante”. A juicio de Montoro “no son intenciones, ni discursos políticos” sino que se trata de “pagar facturas y cerrar un periplo que no debería haberse producido”.

El ministro defendió la reforma local que se encuentra ahora en su fase de enmiendas en el Senado y que, ha dicho, “busca potenciar el municipalismo” y “garantizar la prestación de los servicios públicos” que ofrecen los ayuntamientos, para lo que “no hay mejor garantía que la sostenibilidad económica”. “Si no hay sustento financiero lo demás se queda en humo”, aseveró.

Según Montoro el contenido de la Ley va dirigido a “simplificar y clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades” conforme al principio de “una administración, una competencia”. Además la ley se fundamenta en otros principios como son, ha dicho “el principio de eficiencia económica”, que es “garantizar que el ciudadano acceda a los servicios en las mejores condiciones de calidad y de coste”, y el “principio de equilibrio financiero”.

Ante las críticas de los principales grupos de la oposición Montoro argumentó que lo que ha hecho el Gobierno ha sido “apoyar la financiación” y, en concreto, la liquidez de las corporaciones locales. En este sentido, recordó que en el ámbito tributario lo primero que hicieron fue un decreto ley que subió impuestos para financiar a las corporaciones locales. Acto seguido, explicó que la subida del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) fue una “decisión política tomada por el Gobierno de España con los costes políticos correspondientes” y que en el ejercicio de 2012 supuso “una recaudación líquida de más de 10.000 millones de euros que han ido a las corporaciones locales”.