La legalización de la Ciudad del Medio Ambiente se demorará de 8 a 12 meses

La Junta tendrá listo a finales de enero el borrador del decreto regional que regulará las actuaciones urbanísticas del proyecto regional de la Ciudad del Medio Ambiente en Garray, según explicó ayer el presidente de la Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad del Medio Ambiente, José Manuel Jiménez.

El objetivo es acelerar toda la tramitación para que el documento esté aprobado entre 8 y 12 meses. «Hay que tener en cuenta que la documentación tiene que pasar un periodo de exposición pública a través de tres administraciones y eso lleva su tiempo», indicó ayer Jiménez, a la salida de la reunión del Consorcio de la CMA, que se celebró en Soria. El presidente del Consorcio indicó que se intentará «acortar este periodo todo lo que se pueda».

La Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad del Medio Ambiente analizó ayer en una reunión, en la Diputación Provincial, el contenido de la sentencia del Tribunal Constitucional y las opciones y pasos que se van a dar para su ejecución. Esta sentencia anuló la Ley de la CMA, mediante la cual se habían desarrollado hasta ahora las actuaciones en el soto de Garray.

Jiménez recordó que en la sentencia se considera que el proyecto regional se encuentra «motivado y no es arbitrario», pero el Alto Tribunal calificó de «desproporcionado» el instrumento mediante el cual se ha desarrollado el proyecto, que ha sido el de la ley. Por ese motivo, a partir de ahora se va a trabajar en la redacción de un decreto que se ajuste a la Ley de Ordenación del Territorio.

La primera de las actuaciones comienza el próximo mes con la revisión del contenido de todo el proyecto regional de la CMA. Hace unas semanas, el consejero de Medio Ambiente, José Antonio Silván, ya anunció que se iba a «redefinir» todo el proyecto que a partir de ahora marcará una prioridad industrial y empresarial. Asimismo se procederá a la redacción del documento y a la elaboración de los planos y de la normativa que acompañen al decreto, con el objetivo de darlo a conocer de nuevo en el seno del consorcio, antes de que inicie la tramitación de la exposición pública.

Se pretende dotar de garantías y seguridad jurídica al proyecto regional de la CMA para que el Consorcio, que es el promotor, desarrolle e impulse las actuaciones y «atraiga inversiones» a este enclave. «Vamos a terminar el proyecto con las mayores garantías posibles», puntualizó Jiménez, quien subrayó que se han comenzado a estudiar los aspectos que se van a introducir para dotar de seguridad jurídica al proyecto regional, «porque tenemos grandes expectativas depositadas en la Ciudad del Medio Ambiente», dijo Jiménez, donde acaban de concluir las obras del sector 2, con importantes dotaciones e infraestructuras industriales, así como ya se cuenta con una empresa que tiene actividad industrial.

El decreto que preparará la Junta será el que defina el planeamiento urbanístico por el que se rijan en el futuro las próximas actuaciones en el soto de Garray. Mientras esta normativa no esté aprobada no se puede llevar a cabo ninguna actuación. La ley que anuló el Tribunal Constitucional es la que determinaba todo el desarrollo urbanístico en la CMA.

Hasta que este decreto no esté aprobado no se podrá tocar ni una piedra. Lo ejecutado hasta entonces está en regla y no tiene problemas para su funcionamiento. En esta situación se encuentra la empresa de Gestamp, la potabilizadora y la depuradora. También están concluidas las obras de urbanización del suelo industrial, pero las parcelas no pueden salir a la venta hasta que no esté el decreto aprobado. Igualmente se necesita el decreto para poder continuar con el sector 1, en el que están incluidas las obras de la Cúpula de la Energía, el suelo industrial y tecnológico y el suelo residencial.

En lo que se refiere a las obras de la Cúpula de la Energía, Jiménez recordó que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia había anulado la licencia que otorgó el Ayuntamiento de Garray, pero se había tramitado una nueva solicitud acorde a un proyecto modificado que «entendíamos que entonces se cumplía con la ley», manifestó José Manuel Jiménez, quien insistió en que en el Ayuntamiento de Garray no puede aprobar esta licencia hasta que no esté aprobado el decreto.

Por último, el presidente del Consorcio dijo que a las empresas interesadas en instalarse en la CMA se les ha transmitido «tranquilidad y seguridad jurídica», así como el compromiso de la administración de que se llevarán a cabo los pasos que permitan continuar con el proyecto.