Diario de León

Del Olmo negocia la refinanciación del plan de pago a proveedores para ahorrar 10 M e

Cristóbal Montoro y Luis de Guindos trabajan en la petición de la consejera de Hacienda de la Junta. Valladolid firma operaciones a un tipo de interés un punto inferior al que financió el préstamo de 2012.

Pilar del Olmo, dialoga con el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.

Pilar del Olmo, dialoga con el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.

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raquel sastre | valladolid
León

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Cuando en marzo de 2012 la Junta decidió adherirse al mecanismo extraordinario de pago a proveedores —arbitrado por el Ministerio de Hacienda para ayudar a las comunidades a pagar las facturas acumuladas durante la crisis—, los mercados estaban cerrados para las autonomías o fijaban unos precios inasumibles por el crédito. Hoy esa situación se ha normalizado, la Junta paga a sus proveedores «a 68 días de media», se financia a intereses más razonables y aquel préstamo, entonces ventajoso, se ha vuelto caro.

Por eso, la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, negocia con los ministros de Hacienda y Economía, Cristóbal Montoro y Luis de Guindos respectivamente, la refinanciación de aquel crédito de 1.052,7 millones, convencida de que, pactando unas condiciones mejores y más acordes con la realidad actual, podría ahorrar a las arcas autonómicas hasta 10 millones de euros anuales en intereses. Y parece que el Gobierno está por la labor de atender la petición de la Comunidad.

La Junta concertó el préstamo con once entidades bancarias, seleccionadas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), a devolver en 10 años con dos de carencia, y a un tipo inicial del 5,91%. Las condiciones las pactó el Ministerio y determinó que el interés sería variable y revisable trimestralmente.

En estos meses, la evolución favorable de los mercados de deuda ha reducido el diferencial hasta el 5,47%. Sin embargo, la Junta se está financiando hoy al 4,5%.

Son 100 puntos básicos de diferencia (un punto de tipo de interés) que, traducidos a euros, equivalen a 10 millones en un año. En 2014, por ejemplo, la Comunidad vería reducida la factura de intereses de 54 a 44 millones, un ahorro que permitiría al Gobierno Herrera destinar esos recursos, por ejemplo, a servicios públicos fundamentales. «Cada mes que pasa son 800.000 euros de más que pagamos en intereses», explica elocuente la titular de las finanzas autonómicas.

Para poder renegociar con los bancos, Pilar del Olmo necesita la autorización del Gobierno, porque fue la administración central la que pactó condiciones con los grandes bancos y abrió la línea de crédito a través del ICO. Según explica la consejera, cabrían dos fórmulas: «Que nos permitan refinanciar a nosotros o que sea el Ministerio el que lo lidere».

Tras mantener contactos con los ministros, más intensos con Luis de Guindos, Pilar del Olmo es optimista: «El Gobierno no nos ha dicho que no y, de momento, parece factible que al menos una parte del préstamo pueda refinanciarse».

Precisamente fue el hecho de que el Fondo de Pago a Proveedores ofreciera un interés más caro al que la Junta conseguía por sí misma en los mercados lo que llevó al Gobierno Herrera a desestimar la adhesión a los dos planes posteriores que arbitró el Ministerio.

Así, en la segunda edición del plan, en abril de 2013, el interés negociado por el Ministerio con la banca fue de 100 puntos básicos sobre el Tesoro. «Nosotros nos financiábamos en ese momento a 70; no teníamos deuda acumulada y gozábamos de liquidez», explica la consejera.

Lo mismo ocurrió con el tercer plan, de julio de 2013. «Nuestro diferencial se había reducido a Tesoro más 30 puntos y adherirnos a él hubiera supuesto retrasar el pago a los proveedores, ya que habría que esperar la orden del Ministerio cuando nosotros podemos abonar antes las facturas», añade Pilar del Olmo.

La consejera de Hacienda valora los efectos «muy positivos» que tuvo el primer plan, en un momento difícil para las autonomías. Les permitió dar salida a unas facturas –«que no estaban en cajones, sino perfectamente contabilizadas en una cuenta extrapresupuestaria», matiza– cuando la falta de financiación y liquidez y la soga del objetivo de déficit más apretaba a las comunidades.

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