La Junta inyecta 92.000.000 de euros para fomentar el empleo y dedica el 60% a contratación

El Gobierno de Castilla y León dedicará este año 92,5 millones de euros, sólo en recursos autónomos, a políticas para favorecer la creación de empleo. Seis de cada diez euros se destinarán a la contratación de desempleados, prioridad del Plan de Estímulos al Crecimiento Económico y el Empleo, acordado ayer en el Consejo del Diálogo Social con la patronal y los sindicatos.

La ocupación es el eje fundamental del plan –con una consignación de 54,2 millones–, que prevé incentivos a las empresas y autónomos para la contratación de trabajadores indefinidos. En la senda de la estrategia anterior, la Junta concederá ayudas directas a las entidades locales para incorporar a desempleados al mercado laboral.

Tendrán prioridad los colectivos catalogados como ‘especiales’, que serán los menores de 30 años y los mayores de 45 considerados parados de larga duración.

Una tercera medida, en esta caso financiera, la constituyen las ayudas retornables a jóvenes emprendedores. «Lo importante en esta financiación será el proyecto y su viabilidad, y no tanto las garantías», precisa el documento ejecutivo que sostiene el plan.

Así, habrá una línea de préstamos y aval de hasta 50.000 euros para inversión y circulante, de la que podrán beneficiarse preferentemente menores de 30 años. La Junta sustentará microcréditos para fomentar el empleo autónomo a partir de proyectos empresariales cocinados en la Universidad o en los centros de Formación Profesional.

ADE Rural entra por primera vez en el Plan de Estímulos, para apoyar financieramente oportunidades de empleo en el ámbito rural. Y, por último, para favorecer la sucesión empresarial, el Gobierno de la Comunidad presta sus fondos a otra línea de financiación para la compraventa de pymes.

El eje de la ocupación se completa con la contratación de técnicos «que permitan la activación económica y laboral de las zonas rurales» en función de los recursos disponibles, y el fomento de prácticas no laborales.

Junto a la ocupación, el Plan de Estímulos arbitra programas de orientación, formación e inserción, en los que jugará un papel determinante el nuevo Ecyl, cuya reforma se pactó también ayer en el seno del Consejo del Diálogo Social.

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, encargado de resumir los acuerdos, destacó en este programa la línea de apoyo para formación de jóvenes ocupados, con el reto de que su mejor cualificación les permita continuar más tiempo en su empresa. Esta medida, junto a la formación profesional dual, contará con 7,7 millones.

La prevención de riesgos laborales mecere otro capítulo con consignación presupuestaria: 5 millones para continuar en la línea de reducción de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En este apartado, están previstas visitas a empresas, acciones de sensibilización, máquinas de sustitución y becas de investigación. La construcción, sector con altos índices de siniestralidad, merecerá una atención especial.

Para favorecer la calidad en el empleo, el plan prevé 3,7 millones de euros para poner en marcha medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Entre ellas, destacan las ayudas al pago de cuotas de afiliación de mujeres que trabajan en el medio rural; otras para el «ascenso profesional de la mujer»; para la reducción de jornada o el ejercicio del derecho de excedencia para el cuidado de los hijos.

Tan importante como crear nuevos empleos es mantener los existentes. A este fin dedicará el Gobierno de la Comunidad 11,4 millones para la reedición de las ayudas a trabajadores afectados por expedientes de regulación y a las empresas que opten por ERE suspensivos.

Al respecto, y para avalar el éxito de este programa, Herrera destacó que la estadística demuestra cómo estas ayudas han contribuido a colocar a Castilla y León a la cola de las autonomías con más expedientes de rescisión declarados.

En concreto, el presidente subrayó que los expedientes de extinción se han reducido un 15% en la Comunidad, pese a que la reforma laboral los ha «flexibilizado, facilitado», admitió; y agregó que el 96% de los ERE en Castilla y León se han cerrado con acuerdo entre empresa y trabajadores.

El Diálogo Social mantiene vivo un año más el PIE, la ayuda de 400 euros durante seis meses a parados que han agotado su prestación, a cambio de participar en un programa individualizado de inserción laboral. Un total de 3.713 personas se beneficiaron de esta ayuda el año pasado, según destacó el jefe del Ejecutivo.

Por último, la Junta continuará con su apoyo a los centros especiales de empleo, para favorecer la empleabilidad de los discapacitados.

Todos estos programas constituyen, como los definió el presidente, el «corazón» de las políticas activas de empleo, a las que la Junta dedica este año 92,5 millones, 3,4 más que en 2013. En esta cuantía se «consolidan» los 30 millones extraordinarios que el año pasado inyectó la Junta; evidencian su «compromiso con el Diálogo Social»; y consagran a Castilla y León como «una de las pocas autonomías» donde, en lugar de mermar los fondos para empleo, crecen. No obstante, a esta cantidad se sumarán los 78 millones finalistas que aporta el Gobierno y 10 del Fondo Social Europeo.